El PP andaluz sostiene y contó El Economista que, a menos de tres meses para el apagón analógico que dará paso a la nueva televisión digital terrestre, se estarían produciendo ofertas ilegales de ventas o arrendamientos de licencias , por 100.000 euros, de personas que afirman actuar en nombre de beneficiarios de esas concesiones que ahora no tienen capacidad financiera para acometer los proyectos concedidos. Cada uno de ellos pagó 45.000 euros por la concesión en concepto de aval.
Los adjudicatarios reales se reservarían, además, entre un 5 y un 10 por ciento de la facturación publicitaria de la emisora y todos los derechos de propiedad intelectual de las imágenes e informaciones emitidas, con el objetivo de realizar un informativo autonómico. A los posibles compradores, sigue diciendo El Economista , se les exigiría la máxima confidencialidad, para lo que se fijaría una indemnización de entre 50.000 y 60.000 euros si, por casualidad, el asunto termina siendo conocido y divulgado ante la administración o los medios de comunicación.
El PP andaluz exige una comisión parlamentaria de investigación y pide un nuevo concurso. Según Antonio Sanz , su secretario general, lo han denunciado en sede parlamentaria y en los medios de comunicación durante todo el año 2009 sin que se haya producido respuesta alguna por parte del gobierno socialista. Sanz considera que es necesaria la formalización de una Comisión de Investigación sobre el concurso de las TDT privadas y que se vuelva a convocar de nuevo.
Téngase en cuenta, por ejemplo, que Prisa, que fue concesionaria de una licencia de TDT regional y de varias locales, ha desestimado su proyecto inicial. El pasado septiembre de 2009, la Junta de Andalucía aceptó la solicitud de Prisa y rescindió de mutuo acuerdo la concesión del canal autonómico de TDT que le otorgó en marzo de 2007. Al ser de mutuo acuerdo, qué suerte, la empresa recuperó el aval que había depositado. Lo mismo se está gestionando para el grupo de licencias de TDT privadas de ámbito local que obtuvo en el concurso de la Junta en 2008. Eso sí, tras haber conseguido que tales licencias no fueran destinadas a personas o grupos afines al PP, a IU o al PA.
Recuérdese que la COPE y El Mundo optaban a varias licencias. La COPE no consiguió ninguna. Sin embargo, tres grupos de comunicación sin implantación en Andalucía se llevaban el 70 por ciento de las licencias. Green Publicidad y Medios, penetrada por el clan de empresarios prosocialistas de Castilla la Mancha, algunos de ellos relacionados con el escándalo de los números rojos de la misma, obtuvo nada menos que 42 licencias de las 163 ofertadas, un 25 por ciento.
Para Antonio Sanz, y así lo denunció el pasado año hasta en dos ocasiones, en el Parlamento de Andalucía, "el problema" es que el Gobierno andaluz concedió las televisiones digitales "a grupos que, ni estaban preparados, ni querían tirar adelante con esas concesiones. Ese es el problema, no la crisis internacional". Sanz recuerda que la Asociación de Televisiones Locales de Andalucía (Acutel), la más importante en esta comunidad, "casi un 70 por ciento de los otorgamientos de licencias han quedado fuera del alcance de las televisiones locales históricas", algunas de las cuales ahora, según Sanz, estarían recibiendo las propuestas de reventa o alquiler de las concesiones. Sanz afirma que "solo se han preocupado de montar un chiringuito mediático , construido vía TDT, a la medida del PSOE y del Gobierno andaluz" y que al menos un 65% de las televisiones se han concentrado en "grupos afines al Gobierno".
Además, según Sanz, se han concedido decenas de licencias de TDT locales a grupos de comunicación "que incumplían el artículo 19 de la Ley de Televisión Privada, sobre concentración de medios y abuso de posición dominante" por lo que deben ser revocadas. Otras incurrían en impagos a la Seguridad Social y es inexplicable que se le con concedieran licencias en un concurso público avalado por la Consejería de Presidencia de la Junta, entonces bajo el dominio de Gaspar Zarrías .
Por su parte, los cuatro consejeros nombrados a propuesta del PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) -que preside el socialista Juan Montabes - han venido denunciando, durante 2009, supuestas irregularidades en todo el proceso de puesta en marcha de la TDT local privada, pero el CAA no ha reaccionado a sus denuncias ni ha abierto expediente informativo alguno, según uno de los consejeros. Ahora, tras las denuncias del PP, el CAA podría reaccionar.
El escándalo sectario del Consejo Audiovisual
Como se preveía desde que el socialista Juan Montábez fue designado presidente del organismo que debería ser un organismo institucional, su funcionamiento es cada vez más sectario y partidista. En este caso, los consejeros nombrados a propuesta del PSOE se negaron a incluir este punto, el escándalo de las licencias de la TDT y su reventa, en el orden del día por la vía de urgencia, como le demandaban el resto de miembros del Consejo. El argumento aducido por la presidencia del CAA y los consejeros socialistas es que la investigación de esas denuncias no es competencia del organismo.
Dice ABC que los consejeros proponentes de esta iniciativa, del PP y PA, e IU, que se sumó a ella, afirman, en cambio, que velar por el ordenamiento audiovisual de la comunidad es una competencia del Consejo, recogida tanto en su Ley de Creación, como en su reglamento orgánico. La petición, que había sido presentada hasta seis veces desde el pasado julio, según el consejero del PP Carlos del Barco, trataba de dar respuesta a las declaraciones y denuncias realizadas en sus comparecencias ante el CAA por directivos regionales de varios operadores de radio y televisión, entre ellos Vocento, Prisa y Onda Cero.
En estas denuncias llegadas hasta el Consejo, según Del Barco, se describe el "mercadeo" por parte de las empresas que han obtenido licencias de TDT locales, que las revenden a su vez a otros operadores. Esta práctica, explicó el consejero del PA José María Arenzana, no es legal porque las licencias las concede la Junta por concurso público y no se pueden vender. Del Barco consideraba que se está produciendo un "incumplimiento flagrante de la normativa vigente y una grave alteración en las garantías necesarias para el pluralismo y la libre competencia del sector audiovisual en Andalucía".
La feria de las concesiones de la TDT
En julio de 2008, la Junta otorgaba las dos primeras concesiones de TDT de gestión municipal a agrupaciones de ayuntamientos. Las dos iban a parar a la zona de influencia del denominado "Clan de Alcalá" socialista de la provincia de Cádiz que comanda el actual consejero de Gobernación y vicesecretario andaluz del PSOE, Luis Pizarro. El Consejo de Gobierno otorgó el día 22 de julio a las agrupaciones de ayuntamientos integrados en las empresas Medina Sidonia, SL, y Arcos de la Frontera, SL, las concesiones de explotación de dos canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local en la provincia de Cádiz, por un plazo de diez años. La sociedad Medina Sidonia gestionará el canal público reservado para la demarcación del mismo nombre, que está integrada por Alcalá de los Gazules, Benalup-Casa Viejas, Medina Sidonia y Paterna de Rivera. Por su parte, la de Arcos de la Frontera englobará a este municipio y los de Algar, Bornos, Espera, San José del Valle y Villamartín.
Es sabido que las corporaciones locales tienen reservados programas en las 60 demarcaciones que componen el mapa andaluz de la televisión digital. Trece de ellas cuentan con un canal propio sin necesidad de compartirlo con otros municipios. Se trata de los ayuntamientos de las ocho capitales de provincia y de Algeciras, Dos Hermanas, El Ejido, Fuengirola y Jerez de la Frontera, que obtuvieron sus concesiones de explotación en diciembre de 2007. En las demarcaciones de más de 150.000 habitantes, de donde estos municipios son cabecera, se reserva además un segundo programa de gestión pública local compartida para el resto de las localidades incluidas.
Poco después, a finales de julio de 2008, el Grupo COPE denunció la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que otorgaba 163 concesiones de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local y gestión privada y dejaba a la emisora fuera. En su momento, afirmó que suponía "una discriminación al Grupo COPE que ha desarrollado desde el año 2001 una de las redes de televisión local de referencia. Las concesiones favorecen a los grupos mediáticos más afines al Gobierno de Manuel Chaves e impulsan una concentración contraria al pluralismo informativo".
Popular TV, que concurría en las demarcaciones de Málaga, Sevilla y Córdoba, a través de iniciativas en las que participaban las tres diócesis, no ha resultado adjudicataria de ninguna licencia. Las emisoras de televisión del Grupo COPE tienen una gran implantación en las ciudades de Sevilla y Málaga, emiten desde hace seis años una amplia programación de proximidad y han creado numerosos puestos de trabajo que son puestos en peligro por esta decisión. En las tres capitales andaluzas el respaldo que ha dado la audiencia a Popular TV ha sido masivo.
El PP anunció la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la concesión por parte de la Junta de licencias de emisión de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local de gestión privada, ya que consideraba que iba contra el pluralismo informativo y estaba llena de "favoritismo político". El recurso se presentaría contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno después de analizar los informes jurídicos solicitados, según ha anunciado hoy en rueda de prensa por el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien ha añadido que fue un acuerdo "que no respeta la ley".
Según el dirigente popular, la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta ni respetaba la ley de televisiones privadas ni garantizaba un procedimiento que cumpla con las normas en esta materia, sobre todo en lo referente al "incumplimiento de la prevención de la concentración de concesiones sobre una misma empresa".
Igualmente, el acuerdo del Consejo de Gobierno suponía, a juicio del PP, una "falta de respeto a la pluralidad" que recoge la ley, por lo que se trata de una decisión adoptada con "arbitrariedad" por parte de la Junta, que está "llena de favoritismo político" y que va en contra "del pluralismo informativo". "Con esta decisión del Gobierno andaluz se dejaba el mapa de la televisión local prácticamente en manos de empresas progubernamentales y de empresas satélites vinculadas a amigos del Gobierno", ha denunciado Sanz, quien añadía que la decisión de la Junta también "se salta a la torera" la advertencia al respecto lanzada en su momento por el Consejo Audiovisual de Andalucía.