El PP defiende el castellano... pero lo arrincona en Galicia y Valencia

María Dolores de Cospedal ha sido la encargada de dar la cara dentro del Partido Popular para explicar por qué su partido ha rechazado el texto presentado por el Gobierno en materia de educación.

La postura de los populares es coherente y lógica en un punto: "Para seguir en lo mismo, no necesitamos pacto educativo", ha dicho la secretaria general. Sin embargo no lo es en uno de los puntos que el principal partido de la oposición saca a relucir y sacude con vehemencia, y que, según ellos, es uno de los principales desencuentros con el Gobierno: el tema de la lengua.

Dice el PP en el documento, que ha distribuido a los medios y que resume su posición en relación con este pacto, que la propuesta del Gobierno no garantiza "que el castellano, lengua oficial del Estado, sea lengua vehicular en la enseñanza en todo el territorio nacional y en todas las etapas educativas".

Pero los populares no mantienen esta posición en dos de las comunidades autónomas donde gobiernan: Galicia y Valencia. Hay decretos concretos que hacen imposible la libertad lingüística en estos territorios. Casos representativos son los de Natalia Santacreu y S., una estudiante de Lugo. A estos se ha sumado otro, que conocíamos este mismo jueves, también de Valencia. Todos ellos han emprendido una batalla personal y judicial para poder estudiar y expresarse en castellano en sus colegios.

Libertad Digital se ha puesto en contacto con distintas personas y organizaciones que defienden la libertad lingüística, el derecho de los padres a educar a sus hijos en la lengua que ellos quieran y el de los alumnos a poder expresarse en castellano si así lo desean. Todos coinciden en destacar que hay una fuerte contradicción en el discurso del PP a nivel nacional con respecto al regional. Es más, no terminan de creerse esta postura de Mariano Rajoy en relación a la lengua.

El padre de Natalia, la pequeña de diez años a quien robaron sus sobresalientes por contestar en castellano los exámenes, señala que Rajoy "no afirma públicamente que se estudie en español en todo el territorio" y además, cuando se refieren a que el castellano sea la lengua vehicular, continúa Juan Vicente Santacreu, no se está refiriendo "a todas las asignaturas". Si el PP prometiera algo así, manifiesta Santacreu, "yo iría a muerte con él".

El presidente de la Fundación Unidad+Diversidad, Juan de Dios Dávila, presentó el pasado mes de marzo un requerimiento notarial en la sede de Génova para que el PP se retratara en materia lingüística. Le instaban a que "recuperara el norte" y que cumpliera sus promesas electorales en esta cuestión. Hoy, dos meses después, si bien los populares no estaban obligados a pronunciarse, siguen sin obtener respuesta: hicieron caso omiso a este requerimiento.

Juan de Dios cree que, con esta postura hacia el pacto, el PP busca "erosionar" de alguna manera al PSOE. Y es que "es el mensaje" que la mayoría de las bases del partido queire escuchar. Tienen un "discurso de libertad de elección, y la realidad es que eso no se cumple".

Desde la Mesa por la Libertad Lingüística, que destapó el caso de la pequeña de Lugo que está sufriendo todo un calvario por querer expresarse en castellano en su colegio, destacan que, si bien los populares en esta comunidad han dado "pasos importantes" en garantizar la libertad lingüística, todavía queda mucho por hacer. El nuevo decreto que prepara el gobierno gallego y que prevé llevar a cabo "nos satisface relativamente. Creemos que el PP debería ser más claro en la libertad de lengua".

Por su parte, desde Galicia Bilingüe se muestran escépticos después de que Feijóo les decepcionase incumpliendo sus promesas electorales. Señalan que si eso es lo que piensa el PP a nivel nacional "lo primero que deberían hacer es comunicárselo al señor Feijóo".

Gran escepticismo, pues, en Galicia y en general en todos aquellos que están viviendo en sus propias carnes la imposición ligüística en aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular.