El País llama a cumplir las sentencias, tras pasar años sin cumplir la del antenicidio

(Libertad Digital) En el año 2000 el Tribunal Supremo dictó una sentencia en teoría tan ajustada a derecho como la que ha dictado este miércoles: la que declaraba ilegales que los pactos entre PRISA y el Grupo Godó que llevaron a la extinción de Antena 3 Radio, por aquél entonces la cadena líder en audiencia.

No sólo eso, la sentencia fue recibida con tal pasividad por los interesados y por el propio Gobierno de Aznar (ni el Ministerio de Economía de Rodrigo Rato ni el Tribunal de la Competencia, que por entonces dirigía Luís de Guindos, se esforzaron demasiado en hacer que se cumpliese) que el Supremo se vio forzado a apremiar al Gobierno en el 2002 a "restaurar la pluralidad informativa".

Se da la peculiar circunstancia de que el presidente de la de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo era Fernando Ledesma, que fue el primer ministro de Justicia de Felipe González. Además, este magistrado llegaba a señalar y lamentar que se percibiera claramente complicidad entre el propio Gobierno y el Grupo Prisa.

El larguísimo periplo judicial del caso del terminó en el año 2005 cuando el Gobierno Zapatero creó una ley que aprobaba a posteriori lo ocurrido en 1994. Tras ella el propio Tribunal Supremo dictó un auto que declaraba extinguido el incidente de ejecución, contra el que emitieron su voto particular dos magistrados que expusieron en ellos las terribles contradicciones en las que había caído el tribunal.

Después de este caso escandaloso El País, uno de los principales negocios y estandarte de PRISA, señala hoy que "las normas están para ser cumplidas, lo mismo que las sentencias". Sin duda los padres que han presentado estos recursos estarían encantados de que ésta sentencia tenga un nivel de cumplimiento similar al de aquella que declaró ilegal uno de los mayores ataques a la libertad de expresión que se han dado nunca en este país.