A través de un auto, contra el que no cabe recurso, la Sala de Civil y Penal del alto tribunal andaluz desestima íntegramente los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y la acusación particular, que ejercen los padres de la joven asesinada en Sevilla en 2009.
La resolución confirma el auto del magistrado de la Audiencia de Sevilla designado presidente del jurado, Javier González, quien ordenó que el caso fuese enjuiciado por un tribunal profesional a la vista de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo.
En su auto, el TSJA explica que aunque los escritos de las dos acusaciones presentan ciertas diferencias respecto a la secuencia de los hechos, no resultan "incompatibles" y conducen a la conclusión de que el "objetivo principal" o "delito fin" fue la violación de Marta.
En este sentido, precisa que si el objetivo inicial perseguido fue un delito -agresión sexual- que no es competencia de un jurado popular y que el que se cometió "para facilitarlo o lograr su impunidad" sí -en este caso, el homicidio-, la competencia para enjuiciar los hechos debe recaer en la Audiencia Provincial.
"Por muchas disquisiciones que quieran hacerse, las secuencias que se concretan en los escritos de calificación -en los que ha de basar su pronunciamiento- revelan una actividad de ocultación de los delitos de agresiones sexuales", indica la Sala, que deduce así que la finalidad principal no fue matar a Marta sino violarla.
Por todo ello, declara la "inadecuación" del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, como habían pedido el fiscal y la acusación particular en sus recursos, y que se siga el proceso ordinario para juzgar el crimen en la Audiencia de Sevilla.
Asimismo, precisa que la causa sea devuelta al magistrado instructor para que proceda a la transformación y adecuación del procedimiento a las normas del sumario ordinario.
La decisión del TSJA afecta a los cuatro adultos que tienen pendiente el juicio como autores o cómplices del homicidio, y que precisamente este miércoles han sido citados como testigos en el proceso en el que se enjuicia, también por estos hechos, al menor de edad apodado "El Cuco".