El juez Serrano denuncia detenciones ilegales por la ley de violencia doméstica

El juez de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, ha advertido de la existencia de posibles detenciones ilegales tras denuncias por violencia de género, por lo que instó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a "investigar" los antecedentes y a valorar "el riesgo real" existente ante de proceder a la detención del denunciado.

Serrano recordó a tal efecto tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como el protocolo existente para este tipo de casos, al tiempo que pidió a los cuerpos policiales "que no se detenga automáticamente" al presunto agresor tras este tipo de denuncias. "No se debe detener de manera indiscriminada y por si acaso", apostilló.

El juez Serrano, que participó esta semana en una conferencia-debate sobre violencia de género organizada en la capital hispalense por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme), puso de manifiesto que "el terrorismo doméstico debe ser combatido con medios legales, y no a través de un terrorismo de Estado", pues "en muchas ocasiones no se respetan los derechos fundamentales" de los detenidos.

Al hilo de ello, y tras insistir en que las denuncias falsas en este ámbito "están provocando un gran número de suicidios", aseveró que "cuando se detiene a un inocente" y éste pasa 48 horas en los calabozos policiales, "puede salir muy cabreado del calabozo y se puede provocar una situación de auténtica crispación y de riesgo que, con anterioridad a la detención, no existía".

En este sentido, insistió en que, cuando se procede a detener a una persona tras una denuncia de esta clase, "hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos y la situación de riesgo existente", ya que, a su juicio, "no se puede detener por si acaso y de manera automática". "El fin no siempre justifica los medios, y la denuncia no debe conllevar la inmediata detención", indicó.

Por último, el juez Francisco Serrano solicitó a los agentes policiales "proporcionalidad" y que se "ciñan" al protocolo existente, pues de lo contrario "se lesionarían derechos fundamentales". "Hay que dar protección a la auténtica mujer maltratada", sentenció.