(Libertad Digital) El texto de Santiago Aguirre y publicado en El País el jueves, por cierto, no figuraba en la edición digital del diario en el momento de redactar este artículo. La razón del mismo es el abandono, por parte del ayuntamiento del PP en El Escorial y la Comunidad de Madrid, del recurso a que defendía la titularidad pública de un camino que pasa por La Granjilla, una finca que el diario afirmaba que era propiedad del hermano de la presidenta regional.
Según el artículo “La Comunidad se retira de una causa contra un hermano de Aguirre”, organizaciones como Ecologistas en Acción, Entorno Escorial, Coordinadora Salvemos la Sierra y Grupo Correcaminos denunciaron que dicho camino implicaba "una escandalosa actuación de la Comunidad de Madrid para defender los intereses del hermano de la presidenta". El anterior gobierno de la localidad, que el El País subraya que era “de izquierdas”, había interpuesto un recurso de casación ante esto.
Ahora, Aguirre califica en su misiva como “incomprensible” que se destaque su parentesco familiar con la presidenta para justificar una información que no obedece a las exigencias del propio libro de estilo del diario, ya que carece de “contraste previo” y “veracidad”, ya que, entre otras faltas, el artículo singulariza en su persona un pleito “en el que éramos parte numerosos miembros de mi familia”.
En la carta escrita a El País, Santiago Aguirre asegura que no tiene “constancia en mi teléfono, ni en mi teléfono móvil, ni en mi teléfono fijo particular, ni en el teléfono de mi oficina, de ninguna gestión hecha por su periódico recabando mi versión al respecto, como también se afirma en el artículo”.
“Agradeceré muchísimo que en lo sucesivo mi condición de hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de primo de un alto cargo del Gobierno central, o de sobrino de un ilustre poeta, no me excluya de la aplicación de su ejemplar libro de estilo, tanto en lo que se refiere a la veracidad de lo que se publica sobre mí, como a la exigencia de un contraste previo de la correspondiente información”.
Para justicar sus afirmaciones, Aguirre asegura que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció, el 30 de junio de 2006, que no existía camino público alguno en La Granjilla, entonces una titularidad de gran parte de la familia del afectado. Esa sentencia es ahora “firme”, por lo que es el momento de “asumir que la controversia ha concluído”.