El gran parque tecnológico que iba a salvar a Cádiz, paralizado

No es necesario profundizar demasiado en la capacidad de gestión de un gobierno para darse cuenta de cuál es el estilo del gobierno socialista que domina Andalucía desde 1982. El caso Las Aletas y su mera cronología dan una idea del descalabro perpetrado contra la provincia de Cádiz, una de las más empobrecidas de España y sacudida por una crisis de empleo sin precedentes. Las Aletas, un gran parque tecnológico iba a ser la salvación del paro para Cádiz. En 2010, Las Aletas siguen como estaban: detenidas, con el futuro incierto, el dinero confuso y su objeto sin definir completamente.

En octubre de 2004, según se cuenta en un esmerado reportaje de La Voz de Cádiz, el proyecto Las Aletas que se venía anunciando desde diez años antes, recibía el primer impulso oficial.

En abril de 2005, la Junta reclama la titularidad de los terrenos y se comienza el proceso de expropiaciones.

En enero de 2007, dos años y medio después, se firma un pacto entre el gobierno Zapatero y la Junta para sacar el proyecto adelante.

En junio de 2007, se constituyó el Consorcio Las Aletas.

En enero de 2008, se aprobaba el Plan de Ordenación del polígono Las Aletas.

En febrero de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón a unos expropiados y anula las enajenaciones de tierras. Inexplicable el que no se hubiera tenido en cuenta su presunta ilegalidad.

En marzo de 2008, se anulan completamente las expropiaciones de terrenos.

En septiembre de 2008, se aprueban las obras del trayecto de tren las Aletas-La Cabezuela

En diciembre de 2008, hay una nueva sentencia del TSJA a favor de otro grupo de expropiados.

En febrero de 2009, más de cuatro años después, la Junta se aviene a negociar con los expropiados tras su fracaso judicial.

En julio de 2009, la Junta, que no logra acuerdos, empieza la expropiación forzosa de los terrenos.

En septiembre de 2009, empiezan las obras del parque tecnológico, quince años después de ser anunciado y cinco años después de ser decidido políticamente.

En octubre de 2009, el Tribunal Supremo da la razón a los recursos ecologistas y vuelven a paralizarse los trabajos.

En noviembre de 2009, desesperado, el Consorcio controlado por la Junta se pone en manos de la Abogacía del Estado para encontrar una solución.

En enero de 2010, la Abogacía del estado considerable viable el proyecto pero le pone restricciones. Nadie se explica por qué este paso no se dio mucho antes.

En septiembre de 2010, y a pesar de la palabrería oficial, se tienen ya serias dudas de que el proyecto vaya a acometerse.

El próximo 17 de septiembre se reúne de nuevo el consejo rector y la empresa Tragsa de la Junta de Andalucía presentará los resultados del nuevo plan de ordenación urbanística.

No se puede explicar mejor qué tipo de gestores políticos tiene Andalucía. En el segundo trimestre de 2010, según la EPA, Cádiz, con Málaga y Almería, eran las provincias con más tasa de paro de Andalucía. Cádiz tenía concretamente un 29, 43 por ciento de tasa de paro, un punto y medio por encima de la media andaluza y nueve puntos por encima de la media nacional. En el primer trimestre de 2004, el paro en Cádiz era de poco más del 23 por ciento, seis puntos menos.