L D (Agencias) El anteproyecto tiene por objeto establecer limitaciones a la venta y suministro del tabaco, a su consumo y a la publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, atendiendo a los efectos nocivos para la salud y la mortalidad que ocasiona: 50.000 personas mueren al año por su causa.
Así, la norma prohibirá vender e incluso "entregar" tabaco a personas menores de dieciocho años. Asimismo, establece un listado de lugares en los que se impone la "prohibición total de fumar"·: centros de trabajo públicos y privados en espacios cerrados, centros sanitarios, docentes y de atención social, instalaciones deportivas cubiertas, servicios de atención al público, centros culturales, áreas donde se manipulen o vendan alimentos, medios de transporte colectivo y estaciones.
La misma prohibición regirá para ascensores; cabinas telefónicas, recintos de cajeros automáticos y espacios de uso público de reducido tamaño; vehículos o medios de transporte colectivos (incluidos los aéreos); estaciones de autobús (excepto en los espacios al aire libre) y en todos los espacios del transporte suburbano; transportes ferroviarios y marítimos (excepto en dependencias al aire libre).
Zonas habilitadas para fumadores
Asimismo, establece una serie de lugares donde se prohíbe fumar, aunque se concede la posibilidad de habilitar zonas para fumadores: centros o lugares de trabajo, de atención social, comercios, establecimientos de hostelería con superficie superior a 100 metros cuadrados, teatros, cines y otros espectáculos públicos en espacios cerrados y aeropuertos.
Estas zonas habilitadas para fumadores deberán cumplir una serie de requisitos, tales como una señalización adecuada, separación física del resto de las dependencias y dotación de sistemas de ventilación independientes. El anteproyecto incluye a su vez un régimen de infracciones y sanciones, y el dinero recaudado irá destinado al desarrollo de programas de deshabituación tabáquica.
El anteproyecto también incorpora al ordenamiento jurídico español una directiva europea aprobada en mayo de 2003 por la que se extiende la prohibición de la publicidad de este producto a la radio, prensa, vallas y cines. Además, se prohibirá la distribución gratuita o promocional de los productos del tabaco.
Por otra parte, el Consejo de Ministros abordó este viernes un informe sobre el impacto que supondría la subida de los precios del tabaco. En este sentido, el Ejecutivo estima que un aumento del precio de venta al público de un 20 por ciento supondría una reducción del consumo del 8,6 por ciento, o lo que es lo mismo, dejaría de fumar alrededor de 1.169.600 ciudadanos.