L D (Europa Press) Jiménez presidió por primera vez el Consejo Territorial de la Dependencia --integrado por los responsables autonómicos en asuntos sociales y representantes del ministerio--.
Este hecho supone un cambio en el reparto de los fondos, aprobado por mayoría en el encuentro entre consejeros, y que tiene como objetivo que el denominado 'nivel acordado' de financiación de la ley deje de distribuirse únicamente en función de la población. Así, para este año 2009, el departamento dirigido por Jiménez repartirá un 20 por ciento de los fondos en función de las personas evaluadas a 1 de abril.
"Esto servirá para incrementar la eficacia y facilitar la ágil prestación de servicios a aquellos ciudadanos que ya están evaluados y que las comunidades tengan claro los servicios que necesitan en función de sus necesidades", valoró la ministra, tras explicar que el Ejecutivo distribuirá una partida para 2009 de este nivel acordado de 283 millones de euros. "Así no se tiene en cuenta solamente a la población de cada región", precisó.
Sobre las discrepancias de algunos consejeros del PP en torno a estos criterios, la titular de Sanidad y Política Social advirtió que con esta distribución de fondos se ha querido llegar a un "punto de equilibrio y de consenso", tras recordar las propuestas de otros responsables autonómicos que querían elevar el nivel acordado al 50 por ciento. Aunque admitió que en el seno del consejo hubo opiniones discordantes, a la hora de votar, "ninguna comunidad se postuló en contra".
Así, la distribución de los 283 millones de euros es la siguiente: Andalucía (55,9), Aragón (11,3), Asturias (9), Baleares (5,9), Canarias (9,7), Cantabria (4,5), Castilla y León (22,2), Castilla-La Mancha (16,5), Cataluña (47,4), Comunidad Valenciana (26,4), Extremadura (8,7), Galicia (23,2), Madrid (29,7), Murcia (8,6). La Rioja (2,7), Ceuta (342.877 euros) y Melilla (333.476 euros).
La nueva ministra admitió que existen "dificultades" en el despliegue de la norma, que hacen que se avance "más lentamente" de lo que le gustaría. Sin embargo, señaló que "todos" los consejeros coinciden en la importancia del sistema de dependencia que hace a penas dos años no existía. "Hasta hace poco no había garantías en la prestación de los servicios, ni el ejercicio del derecho por parte de los que lo necesitan", aseveró.
Por ello, indicó la propuesta de su departamento para la elaboración de un catálogo de buenas prácticas para mejorar la eficiencia de las actuaciones y lograr un intercambio en la experiencia de la aplicación de la norma en cada región. "A todos nos une un mismo objetivo: agilizar el despliegue de la ley de Dependencia", apostilló.
En la reunión, Jiménez hizo balance de la puesta en marcha del fondo extraordinario del Gobierno (Plan E) de 400 millones de euros para la Ley de Dependencia --que suman un total de 1.558 millones para 2009--, cuyo reparto ya se ha firmado con doce comunidades autónomas, tras presentar sus proyectos al Gobierno.
Asimismo, recordó que se estima que este dinero adicional suponga la creación o adaptación de 50.000 plazas de servicios de atención a dependientes --residencias y centros de día, entre otros--, contemplados en un total de 1.345 proyectos. la puesta en marcha de los mismos supondrá, según el Gobierno, la creación de 35.000 puestos de trabajo directos e indirectos.