L D (Europa Press) El Ejecutivo señala que durante muchos años, a la vista de los resultados de la vigilancia radiológica, y dada la escasa actividad agrícola y urbanística de la zona, no se consideró necesario adoptar medidas adicionales a las incluidas en los programas de vigilancia. Añade que sin embargo, en los últimos dos años ha comenzado a producirse una reactivación de ambos sectores en la zona. "Tales usos llevarán aparejados movimientos de tierras que pueden modificar la situación radiológica actual", señala.
Ante esta situación, el Consejo de Seguridad Nuclear definió los criterios necesarios para determinar el control de uso de los terrenos. La aplicación de dichos criterios lleva a establecer restricciones de uso en algunas zonas y la necesidad de un plan de vigilancia radiológica. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, ha sido el encargado de elaborar el citado plan.
Para conseguir este fin se establece, además, la expropiación de los terrenos afectados por contaminación radioactiva para evitar su uso agrícola o urbano por parte de la población. Estos terrenos están distribuidos en diversas fincas y ocupan una extensión global de 67.500 metros cuadrados.