L D (EFE) En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, explicó que se ha cambiado el nombre de la ley- antes era contra la violencia de género- tras escuchar a las organizaciones feministas y a la Real Academia de la Lengua con el objetivo de hacerlo más comprensible.
El anteproyecto, que se prevé remitir al Parlamento a finales de junio tras recibir los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social y el Consejo Escolar, recoge el derecho a la asistencia integral de la víctima y le otorga más derechos laborales. Según Caldera, las amenazas y las coacciones leves tendrán una pena de prisión de entre seis meses y un año y el juez podrá inhabilitar al progenitor para el ejercicio de la patria potestad o la tutela de los hijos hasta cinco años.
La administración penitenciaria facilitará a los condenados programas específicos de rehabilitación. Se crearán juzgados de violencia sobre la mujer en todos los partidos judiciales -algunos serán nuevos y otros supondrán la transformación de órganos ya existentes- y se formará a los jueces, magistrados y fiscales en la lucha contra la violencia doméstica. Estos juzgados serán competentes también en procesos civiles -como separaciones o divorcios- cuando aborde causas penales por violencia sobre la mujer.
El anteproyecto, que se prevé remitir al Parlamento a finales de junio tras recibir los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Económico y Social y el Consejo Escolar, recoge el derecho a la asistencia integral de la víctima y le otorga más derechos laborales. Según Caldera, las amenazas y las coacciones leves tendrán una pena de prisión de entre seis meses y un año y el juez podrá inhabilitar al progenitor para el ejercicio de la patria potestad o la tutela de los hijos hasta cinco años.
La administración penitenciaria facilitará a los condenados programas específicos de rehabilitación. Se crearán juzgados de violencia sobre la mujer en todos los partidos judiciales -algunos serán nuevos y otros supondrán la transformación de órganos ya existentes- y se formará a los jueces, magistrados y fiscales en la lucha contra la violencia doméstica. Estos juzgados serán competentes también en procesos civiles -como separaciones o divorcios- cuando aborde causas penales por violencia sobre la mujer.
Se crea la figura del fiscal contra la violencia
Además, destacó el ministro, se creará la figura del fiscal contra la violencia contra la mujer y habrá secciones especiales en las fiscalías. Según el anteproyecto, en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil se crearán unidades especializadas en la prevención de estos delitos y en el control del cumplimiento de las medidas judiciales adoptadas y se favorecerá la colaboración de la Policía Local.
En cuanto a las medidas cautelares y de seguridad, el juez podrá ordenar la salida del inculpado del domicilio, fijar medidas de alejamiento, prohibir la comunicación con la víctima y suspender el ejercicio de la patria potestad, de la guardia y custodia y del régimen de visitas a los hijos. El anteproyecto, que implica a siete ministerios, recoge como derecho de las víctimas la asistencia jurídica gratuita y la asistencia social integral, que consistirá en información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de sus reclamaciones, apoyo educativo para la familia, apoyo a la formación e inserción laboral.
Para poner en funcionamiento estos servicios, en los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta ley se creará un fondo incluido en los presupuestos generales del Estado al que podrán acceder las Comunidades Autónomas. Las víctimas también contarán con derechos laborales específicos para adaptar y reducir su tiempo de trabajo, acceder a la movilidad geográfica, suspender la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y extinguir el contrato cobrando el subsidio de desempleo.
Además, destacó el ministro, se creará la figura del fiscal contra la violencia contra la mujer y habrá secciones especiales en las fiscalías. Según el anteproyecto, en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil se crearán unidades especializadas en la prevención de estos delitos y en el control del cumplimiento de las medidas judiciales adoptadas y se favorecerá la colaboración de la Policía Local.
En cuanto a las medidas cautelares y de seguridad, el juez podrá ordenar la salida del inculpado del domicilio, fijar medidas de alejamiento, prohibir la comunicación con la víctima y suspender el ejercicio de la patria potestad, de la guardia y custodia y del régimen de visitas a los hijos. El anteproyecto, que implica a siete ministerios, recoge como derecho de las víctimas la asistencia jurídica gratuita y la asistencia social integral, que consistirá en información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de sus reclamaciones, apoyo educativo para la familia, apoyo a la formación e inserción laboral.
Para poner en funcionamiento estos servicios, en los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta ley se creará un fondo incluido en los presupuestos generales del Estado al que podrán acceder las Comunidades Autónomas. Las víctimas también contarán con derechos laborales específicos para adaptar y reducir su tiempo de trabajo, acceder a la movilidad geográfica, suspender la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y extinguir el contrato cobrando el subsidio de desempleo.
Inserción laboral de las víctimas
Se prevé además incluir en el plan de empleo acciones específicas para la inserción laboral de las víctimas, con cobro de renta activa. Cuando ésta sea mayor de 55 años y carezca de un determinado nivel de renta, recibirá una ayuda en pago único equivalente a seis meses de subsidio por desempleo si se considera que tendrá especiales dificultades para obtener un empleo. Si tiene responsabilidades familiares, el requisito de edad se rebajará a los 50 años y el importe de la ayuda podrá alcanzar los 18 meses de subsidio.
Las víctimas serán consideradas colectivos prioritarios en la adjudicación de viviendas protegidas. Según el anteproyecto, se promoverá la detección precoz de las agresiones en el sistema sanitario, para lo que se formará a los profesionales. En el sistema educativo se incluirá la formación en la resolución pacífica de conflictos y en la igualdad de sexos desde la educación infantil hasta el bachillerato.
La ley considera ilícita la utilización "vejatoria y discriminatoria" de la imagen de la mujer en la publicidad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer y las organizaciones de consumidores y de mujeres podrán solicitar la cesación o rectificación de las campañas. Junto a la citada Delegación, el anteproyecto crea un Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Se prevé además incluir en el plan de empleo acciones específicas para la inserción laboral de las víctimas, con cobro de renta activa. Cuando ésta sea mayor de 55 años y carezca de un determinado nivel de renta, recibirá una ayuda en pago único equivalente a seis meses de subsidio por desempleo si se considera que tendrá especiales dificultades para obtener un empleo. Si tiene responsabilidades familiares, el requisito de edad se rebajará a los 50 años y el importe de la ayuda podrá alcanzar los 18 meses de subsidio.
Las víctimas serán consideradas colectivos prioritarios en la adjudicación de viviendas protegidas. Según el anteproyecto, se promoverá la detección precoz de las agresiones en el sistema sanitario, para lo que se formará a los profesionales. En el sistema educativo se incluirá la formación en la resolución pacífica de conflictos y en la igualdad de sexos desde la educación infantil hasta el bachillerato.
La ley considera ilícita la utilización "vejatoria y discriminatoria" de la imagen de la mujer en la publicidad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, el Instituto de la Mujer y las organizaciones de consumidores y de mujeres podrán solicitar la cesación o rectificación de las campañas. Junto a la citada Delegación, el anteproyecto crea un Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.