El Gobierno elimina de su propuesta los puntos que chocan con la ley catalana
Fuentes parlamentarias del PP denuncian que el documento del Gobierno “está milimétricamente medido para no chocar contra la Ley catalana de Educación". Critican que no hable de la enseñanza del castellano y deje aspectos fundamentales en el ámbito autonómico.
Un pacto de estado en materia educativa es, entre otras cosas, un instrumento de cohesión territorial, aunque éste no parece ser el objetivo que persigue el Gobierno con su propuesta. Esta es la idea que transmiten fuentes del PP en materia educativa que aseguran que el documento gubernamental “está milimétricamente medido para no chocar contra la Ley catalana de Educación”.
“No se han querido complicar la vida con el Gobierno catalán”, aseguran otras fuentes parlamentarias del PP que sin embargo ven coherente” su postura con la decisión que en su día adoptó el Gobierno para no presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de educación catalana. “Está claro que tienen una hipoteca con ellos pero aquí hay un pecado de omisión”, aseguran en referencia a que la propuesta del Gobierno elimina cualquier referencia al castellano como lengua vehicular en toda España.
En el documento base de la negociación presentado por el Ejecutivo, se da prioridad a las legislaciones autonómicas en los aspectos más conflictivos, como las enseñanzas comunes. El Gobierno defiende en este punto el modelo lingüístico de Cataluña, que no garantiza que estas materias se impartan en los mismos términos en todo el territorio nacional.
Otro punto es el relacionado con el Estatuto del docente, que también queda supeditado a las competencias de las comunidades autónomas, mientras que el PP pide un Cuerpo Nacional del Profesorado, que garantice su movilidad en todo el territorio nacional. Algo que no es compatible con lo que dice la Ley de Educación catalana.
Lo mismo ocurre con los criterios de evaluación, y la libertad de enseñanza, que quedan al arbitrio de cada comunidad autónoma y a la programación que ésta diseñe. Muy al contrario del derecho que la Constitución Española garantiza a todos los padres para elegir la educación y el centro educativo que quieran para sus hijos.
Un paso más se da en lo relativo al bilingüismo y a la defensa del castellano como lengua vehicular en toda España. El documento del Gobierno no aparece nada en relación a este asunto.
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