El Gobierno derogará este viernes el trasvase del Ebro y aprobará su alternativa

También irá acompañado de una memoria económica que plantea unos precios que oscilarán entre 0,12 y 0,30 euros por metro cúbico para uso agrícola; entre 0,5 y 0,7 para uso industrial; entre 0,7 y 0,9 para abastecimiento urbano, y entre 1,1 y 1,3 para nuevas concesiones urbanísticas y actividades como turismo y campos de golf.

El texto del real decreto incluye un artículo único que deja sin contenido nueve artículos -13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 36- y cambia la redacción del artículo 36, en el que declara de interés general todas y cada una de las obras incluidas en los anexos II y III de este real decreto.

En su exposición de motivos señala que en su dimensión económica se han exagerado los beneficios, sus costes aparecen infravalorados, la estructura de precios para la industria, agricultura y consumidores no se ha explicado suficientemente, no se ha aclarado si se aplicarían tarifas según los territorios, ni los acuerdos en materia de precios.

Argumenta que las repercusiones ambientales no se han analizado adecuadamente, no se adoptan medidas para la protección del Delta del Ebro, ni asegurado la protección de especies protegidas en las zonas afectadas. Técnicamente, según el real decreto-ley, hay ausencia del rigor necesario en los estudios sobre disponibilidad de agua para trasvasar y existe un margen de duda excesivo sobre la capacidad de los embalses previstos para almacenar agua en las cuencas receptoras.

Se refiere a acusadas y graves deficiencias en los criterios que prestan soporte al trasvase, que de realizarse "no quedaría garantizado el cumplimiento de las cautelas ambientales y socioeconómicas previstas en la legislación de aguas", ni en la directiva marco de aguas. Según figura en la exposición de motivos, el trasvase proyectado cuestiona gravemente los principios que la propia ley del PHN establece en el artículo 12.

Ante este panorama, el real decreto incluye unas medidas urgentes con la finalidad de evitar la realización de actuaciones que pueden implicar un despilfarro de recursos e impedir o retrasar, por inmovilización de recursos financieros, la exigible y urgente realización de medidas estructurales de inversión y de gestión, necesarias para satisfacer las necesidades hídricas de las cuencas mediterráneas y asegurar la estabilidad de un desarrollo más equilibrado, sostenible y concertado en todos los territorios a los que hubiera afectado el trasvase del Ebro.