El Gobierno aprobará la ley sobre violencia doméstica pese al desacuerdo del CGPJ

"El informe del consejo es preceptivo pero no vinculante, habrá que analizar el contenido del informe y, a la vista del contenido, incorporaremos las observaciones que contribuyan a mejorar el proyecto, que sin duda alguna saldrá adelante", subrayó De la Vega tras conocer que la comisión ha decidido designar a un ponente conservador, José Luis Requero, para redactar un nuevo dictamen.

Respecto a la decisión de pedir al Gobierno un plazo ordinario de 30 días para redactar el informe, la vicepresidenta primera consideró que la ley no tiene por qué retrasarse. El Gobierno, recordó, acordó pedir el informe del CGPJ por el trámite de urgencia -15 días- "porque es un tema bastante urgente que reclama el conjunto de la sociedad española" y "desde luego va a cumplir su compromiso". Fernández de la Vega subrayó que el anteproyecto "está en el ámbito de la constitución y de la normativa europea que se denomina de discriminación positiva".

Recordó en este contexto que el artículo 9.2 de la Constitución dice que los poderes públicos están obligados a establecer medios para remover obstáculos cuando no hay igualdad y se mostró convencida de que la violencia sobre las mujeres es uno de esos casos. Ante el argumento de los tres vocales del CGPJ que han rechazado el informe porque la ley no puede excluir de sus mecanismos jurídicos de protección a los varones, la ministra de la Presidencia insistió en que el Gobierno aprobó un anteproyecto de "discriminación positiva".

El texto "discrimina en la medida que lo que hace es solventar un problema que afecta exclusivamente a un colectivo que es el de las mujeres que sufren la violencia por el hecho de ser mujeres". A su juicio, en estos momentos hay normas suficientes en el ordenamiento para proteger a otros sectores de la sociedad que sufren violencia y "si hay algún otro sector que más adelante consideramos que necesita una norma específica se hará".

Según Comas y Aguiar, el principio de igualdad ante la ley que se consagra en el artículo 14 de la Constitución es compatible con un conjunto de medidas legales cuyo beneficiario es sólo una parte de la población -las mujeres-. "El principio de igualdad en nuestro texto constitucional -añaden- no es un rígido y formal axioma carente de la más mínima ductilidad" y "ha de ser interpretado a la luz de otros numerosos preceptos constitucionales que vienen a modular su definitivo alcance".

Según explican, el Tribunal Constitucional ha aceptado en su jurisprudencia resoluciones y normas legales "inspiradas en la idea de dotar de contenido material al principio de igualdad y ello aunque aparentemente pudieran parecer vulneraciones del principio de igualdad ante la ley". Se trata de las conocidas como "medidas de discriminación positiva" en relación con determinados colectivos sociales desfavorecidos y que se justifican porque "tienen por objeto propiciar la plena equiparación en el terreno jurídico y en el ejercicio de sus derechos a tales colectivos".