L D (EFE) "Supongo que ha sido como consecuencia de alguna venganza pendiente o algún mensaje de alguna persona que tiene muchos intereses en Torres de la Alameda o como consecuencia de la oposición al PP del PSOE, que destapó determinados asuntos turbios, y me ha tocado a mí como si fuera la cabeza visible del PSOE", afirmó el ex alcalde, que así lo ha hecho constar también en la denuncia ante la Guardia Civil.
En abril de 2002, con Rodríguez de Barrio como portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Torres de la Alameda y Francisco Acebo, del PP, como alcalde, un grupo de promotores denunció que el abogado del Ayuntamiento, Fernando Martín Corroto, les exigió el pago de una comisión de más de tres millones y medio de euros en bolsas de plástico a cambio de la recalificación de unos terrenos.
En abril de 2002, con Rodríguez de Barrio como portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Torres de la Alameda y Francisco Acebo, del PP, como alcalde, un grupo de promotores denunció que el abogado del Ayuntamiento, Fernando Martín Corroto, les exigió el pago de una comisión de más de tres millones y medio de euros en bolsas de plástico a cambio de la recalificación de unos terrenos.
Los promotores aseguraron que Martín Corroto les exigía este pago ilegal para que el Consistorio obtuviera el visto bueno de la Comunidad de Madrid a su proyecto de construir una urbanización de chalés y un campo de golf.
En su denuncia ante la Fiscalía de Madrid, aportaron además grabaciones realizadas por teléfono y con micrófono oculto, en las que supuestamente el abogado del Ayuntamiento indicaba a uno de los promotores que la comisión representaba entre el 8 y el 12 por ciento de los beneficios que pudieran conseguir con su negocio y que el alcalde y el edil de Urbanismo estaban "muy interesados en llevar a cabo la operación".
En septiembre de 2002, cuando se conoció esta denuncia, el alcalde del PP negó las acusaciones y anunció la apertura de una investigación para "salvaguardar" su nombre y el del concejal de Urbanismo, mientras que el fiscal jefe de Madrid abría una instrucción penal. El ex alcalde tiroteado este lunes insistió en que no quiere protección, sino que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "descubran y detengan a los inductores" de su intento de homicidio.
Aseguró que, desde el pasado miércoles, varios individuos "con aspecto de no españoles" le observaban desde un "utilitario" que pasaba reiteradamente por delante de su casa -en la calle de Salamanca, 15- y se detenía.
En su denuncia ante la Fiscalía de Madrid, aportaron además grabaciones realizadas por teléfono y con micrófono oculto, en las que supuestamente el abogado del Ayuntamiento indicaba a uno de los promotores que la comisión representaba entre el 8 y el 12 por ciento de los beneficios que pudieran conseguir con su negocio y que el alcalde y el edil de Urbanismo estaban "muy interesados en llevar a cabo la operación".
En septiembre de 2002, cuando se conoció esta denuncia, el alcalde del PP negó las acusaciones y anunció la apertura de una investigación para "salvaguardar" su nombre y el del concejal de Urbanismo, mientras que el fiscal jefe de Madrid abría una instrucción penal. El ex alcalde tiroteado este lunes insistió en que no quiere protección, sino que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "descubran y detengan a los inductores" de su intento de homicidio.
Aseguró que, desde el pasado miércoles, varios individuos "con aspecto de no españoles" le observaban desde un "utilitario" que pasaba reiteradamente por delante de su casa -en la calle de Salamanca, 15- y se detenía.