Los grupos parlamentarios han dado un plazo de seis meses al Gobierno para que realice un censo de todas las personas enterradas en el Valle de los Caídos; después, y pese a la situación de profunda crisis económica y la catástrofe en las cuentas públicas, tendrá que pagarse con dinero público la exhumación de aquellos cadáveres cuyos familiares o representantes lo soliciten.
La iniciativa fue presentada por el diputado de IU-ICV Joan Herrera, coincidiendo con una propuesta en el mismo sentido de Uxue Barkos, de Nafarroa Bai. Tras unas intensas negociaciones fue apoyada por todos los grupos, con la única excepción del PP, que señaló que elaborar un censo porque, de no contar con el consentimiento expreso de todos los familiares vulneraría la Ley de Protección de Datos.
El Gobierno, de acuerdo
Fuentes de la Vicepresidencia primera del Gobierno han explicado que el Ejecutivo valora esa proposición, cuyo resultado se enmarca en el espíritu de la ley de la Memoria Histórica. "El Gobierno, como no puede ser de otra manera, facilitará el cumplimiento de la iniciativa, máxime teniendo en cuenta que ha sido acordada en sede parlamentaria y con un amplio consenso", han añadido las fuentes citadas.
Respecto al hecho de que se fije la colaboración económica en el marco de las subvenciones que fija la citada ley, el Gobierno considera que todos los aspectos que faciliten el desarrollo de la iniciativa son bienvenidos.
El Estado pagará las exhumaciones que se soliciten en el Valle de los Caídos
A raíz de dos proposiciones no de ley de IU-ICV y Na-Bai, el Congreso llegó este miércoles a un acuerdo por el que estado deberá elaborar un censo de los muertos de la Guerra Civil enterrados en el Valle de los Caídos y, en los casos en los que se solicite, pagar la exhumación de los cadáveres
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