L D (EFE) "Si un posible cambio de Gobierno en el futuro lleva, como ha ocurrido hasta ahora, aparejado el cambio de sistema educativo en la medida en que no se ha obtenido el deseable consenso entre las fuerzas políticas mayoritarias, mal podrá rendir frutos adecuados un sistema que nace desde su inicio amenazado de extinción", subraya el Defensor en el Informe de 2005, al que tuvo acceso EFE. En diciembre de 2005, el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE) con el único voto en contra del PP, el apoyo de PSOE, los grupos nacionalistas y la abstención de IU.
Posteriormente, el Senado debatió el proyecto en los primeros meses de 2006, y quedó definitivamente aprobado en abril pasado por las Cortes, siempre con el voto en contra del Grupo Popular. El Defensor insiste en que el sistema educativo padece una inestabilidad indeseable desde hace ya demasiados años, pues cuando no se está negociando una nueva ley o tramitándose la modificación de la existente, se está alterando el calendario de aplicación de otra anterior que nunca ha llegado a tener vigencia plena.
Sobre la violencia escolar, el Defensor anuncia que efectuará en 2006 una investigación de ámbito estatal que complete y permita comparar el trabajo realizado en 2000 sobre esta cuestión. En cuanto a escolarización, la mayoría de quejas en 2006 se refieren a la concentración de alumnado inmigrante con necesidades de compensación educativa en centros educativos determinados, públicos en su mayoría, y se citan casos de las Comunidades de Madrid, Valenciana, Baleares y La Rioja
Además, el documento menciona las protestas por los déficit de plazas para alumnos de tres años en ciertas localidades y zonas, y se mencionan quejas de localidades de la Comunidad de Madrid y la capital. El informe habla de la existencia de "numerosas" quejas planteadas sobre la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos, generalmente cuando se asigna plaza en centros distintos de los solicitados o los padres discrepan de los criterios por los que asignan las plazas cuando no hay vacantes suficientes.
Respecto a la ordenación académica, la mayoría de las denuncias recibidas por el Defensor son relativas a la formación profesional específica y al incumplimiento por determinados institutos de Secundaria de prescripciones en la elección de asignaturas optativas de Bachillerato. La carencia o insuficiencia de los medios específicos personales y materiales y la inadecuación de las instalaciones y existencia de barreras arquitectónicas en centros docentes que escolarizan alumnos con necesidades educativas especiales en régimen de integración es motivo de cierto número de quejas.
Posteriormente, el Senado debatió el proyecto en los primeros meses de 2006, y quedó definitivamente aprobado en abril pasado por las Cortes, siempre con el voto en contra del Grupo Popular. El Defensor insiste en que el sistema educativo padece una inestabilidad indeseable desde hace ya demasiados años, pues cuando no se está negociando una nueva ley o tramitándose la modificación de la existente, se está alterando el calendario de aplicación de otra anterior que nunca ha llegado a tener vigencia plena.
Sobre la violencia escolar, el Defensor anuncia que efectuará en 2006 una investigación de ámbito estatal que complete y permita comparar el trabajo realizado en 2000 sobre esta cuestión. En cuanto a escolarización, la mayoría de quejas en 2006 se refieren a la concentración de alumnado inmigrante con necesidades de compensación educativa en centros educativos determinados, públicos en su mayoría, y se citan casos de las Comunidades de Madrid, Valenciana, Baleares y La Rioja
Además, el documento menciona las protestas por los déficit de plazas para alumnos de tres años en ciertas localidades y zonas, y se mencionan quejas de localidades de la Comunidad de Madrid y la capital. El informe habla de la existencia de "numerosas" quejas planteadas sobre la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fondos públicos, generalmente cuando se asigna plaza en centros distintos de los solicitados o los padres discrepan de los criterios por los que asignan las plazas cuando no hay vacantes suficientes.
Respecto a la ordenación académica, la mayoría de las denuncias recibidas por el Defensor son relativas a la formación profesional específica y al incumplimiento por determinados institutos de Secundaria de prescripciones en la elección de asignaturas optativas de Bachillerato. La carencia o insuficiencia de los medios específicos personales y materiales y la inadecuación de las instalaciones y existencia de barreras arquitectónicas en centros docentes que escolarizan alumnos con necesidades educativas especiales en régimen de integración es motivo de cierto número de quejas.