El Constitucional admite a trámite el recurso de Murcia contra la derogación del trasvase del Ebro

L D (EAgencias) A juicio del Gobierno regional, la decisión del Tribunal Constitucional, a falta de la sentencia que dicte en su momento, "avala en origen los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo regional en contra de la decisión arbitraria del actual Gobierno de la Nación, que se considera inconstitucional".

 

En un comunicado de la secretaría general de la Presidencia y Relaciones Externas, recogido por Europa Press, se informa de que los argumentos del Gobierno murciano que, de forma sucinta, han sido valorados por el Tribunal Constitucional son que el decreto "es abusivo y arbitrario, ya que se deroga por voluntad política, y sin fundamentos jurídicos ni técnicos", así como "la inexistencia de la extraordinaria urgencia y necesidad” del Decreto-Ley".

 

También valora "la vulneración del principio de participación, la ausencia de solidaridad interterritorial, y la vulneración de la reserva constitucional de la ley al dejar fuera al Senado de toda tramitación como Cámara de representación territorial".Igualmente, "la quiebra manifiesta de la solidaridad interterritorial que la Carta Magna recoge en sus artículos 2, 45.2, 138, 156 y 158", así como que el decreto "vulnera el derecho de participación recogido en la Constitución porque, entre otras razones, no ha pasado los mismos trámites que tuvo la aprobación del trasvase, entre los que se encuentra la aprobación del Pleno del Consejo Nacional del Agua".

 

En este sentido, la misma nota de prensa señala que "este Decreto incumple el Texto Refundido de la Ley de Aguas, la Directiva Marco de Agua y sentencias anteriores del Tribunal Constitucional". El Gobierno regional, a través de su portavoz Fernando de la Cierva, reitera que el recurso de inconstitucionalidad "se basa sólo en argumentos jurídicos objetivos y argumentados", por lo que consideró una "buena noticia la decisión del TC" y manifestó su confianza en que la sentencia "vuelva a restablecer la normalidad, declarando inconstitucional la derogación del trasvase del Ebro".