L D (Agencias) Antes de la votación, el portavoz parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que el PSOE comparte plenamente el criterio expresado ayer por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, quien apuntó que "las aportaciones a la Iglesia tendrán que ir a menos". Rubalcaba aclaró que el cambio en la financiación pública de la Iglesia Católica "será un proceso en el que habrá que hablar con la Conferencia Episcopal".
La enmienda se sometió a votación por el procedimiento ordinario y fue rechazada por 307 votos en contra (fundamentalmente del PSOE, PP y los nacionalistas vascos y catalanes), frente a 18 a favor (IU-ICV, ERC y BNG) y siete abstenciones. Eso sí, la propuesta recabó el apoyo de dos diputados del PSOE (Álvaro Cuesta y Angel Martínez Sanjuán), y otros cuatro se abstuvieron. Ante la convicción de que una tercera parte del Grupo Socialista apoyaba su propuesta, Izquierda Verde pidió que la votación de su enmienda fuera secreta, alegando que afecta a la conciencia personal. El presidente de la Cámara, Manuel Marín, rechazó la petición recordando que, reglamentariamente, no es posible aplicar ese método en el procedimiento legislativo.
Eso sí, entre los votos a favor se vio a dos diputados socialistas: Angel Martínez Sanjuán, portavoz de Interior, y Álvaro Cuesta, secretario de Libertades Públicas del PSOE, que lleva años defendiendo ante sus compañeros de partido la conveniencia de poner fin a esta sobrefinanciación de la Iglesia. Además, otros cuatro diputados socialistas marcaron abstención: Victorino Mayoral (representante del PSOE en el Intergrupo por el Laicismo), Juan Luis Rascón, Delia Blanco y Carmen Alborch.
Tras la votación, queda confirmado para 2006 el sistema vigente que establece que el Estado adelanta a la Iglesia católica una cuantía como anticipo de los ingresos calculados por la vía del 0,5 por ciento de las declaraciones de la renta donde el ciudadano marca la casilla del sostenimiento económico de la Iglesia. Esa cantidad a cuenta, que se fija anualmente en los Presupuestos, es superior a la recaudación que finalmente se obtiene con el porcentaje del IRPF y sin embargo el diferencial nunca se devuelve al Estado, sino que queda en manos de la Iglesia.
En el proyecto presupuestario para 2006, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero mantiene el mismo esquema y, aunque ya apunta a que el sistema deberá ser renegociado este año, no cierra la puerta a que haya una nueva prórroga. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, dijo ayer que esta cuantía que recibe la Iglesia del Estado debe "ir a menos", aunque el PSOE recalca que ese proceso no debe acometerse ya, ni de forma unilateral.
Con su enmienda número 435, Izquierda Verde quería modificar el sistema de asignación tributaria de la Iglesia católica para acabar con una sobrefinanciación que, a su juicio, supone año tras año una aportación pública a la Iglesia de entre un 30 y un 40 por ciento más de lo que la otorgan los contribuyentes. Concretamente, proponía que las cantidades se paguen mensualmente a la Iglesia y que el total de esos pagos a cuenta no sobrepasen la cantidad efectivamente recaudada por la vía de la asignación tributaria, obligando a la Iglesia a devolver los euros que se le asignen de más.