L D (EFE) Será la primera vez que la Cámara debata y vote en esta legislatura la despenalización de la eutanasia, una propuesta que fue rechazada en varias ocasiones en la pasada legislatura.
La proposición de ley de Esquerra Republicana argumenta que la vida impuesta contra la voluntad de su titular no puede merecer el calificativo de bien jurídico protegido y afirma que "la vida es un derecho, no un deber". También dice que la regulación jurídico-penal de las conductas relacionadas con el suicidio deben ser abordadas desde una perspectiva de disponibilidad sobre la propia vida y el derecho a morir.
Agrega que, a pesar de todo esto, la eventual y necesaria implicación de terceros hace necesario adoptar tantas medidas como sea posible para garantizar la plena libertad de la voluntad. Se propone que quede exento de pena en el Código Penal quien proporcione o facilite la muerte digna y sin dolor a otro persona, en el caso de que sufriera una enfermedad grave que condujese necesariamente a su muerte o le produjese graves sufrimientos permanentes y difíciles de soportar, o que siendo permanente la incapacitase de forma generalizada para valerse por sí misma.
También prevé la modificación parcial de la Ley General de Sanidad para introducir el derecho del paciente a decidir libremente, una vez informado, el tratamiento médico que se le debe aplicar, como reconocimiento de la voluntad de morir de la persona afectada, teniendo en cuenta la conveniencia de que las situaciones eutanásicas se resuelven, en la medida en que sea posible, en un contexto médico-asistencial.
La proposición de ley de Esquerra Republicana argumenta que la vida impuesta contra la voluntad de su titular no puede merecer el calificativo de bien jurídico protegido y afirma que "la vida es un derecho, no un deber". También dice que la regulación jurídico-penal de las conductas relacionadas con el suicidio deben ser abordadas desde una perspectiva de disponibilidad sobre la propia vida y el derecho a morir.
Agrega que, a pesar de todo esto, la eventual y necesaria implicación de terceros hace necesario adoptar tantas medidas como sea posible para garantizar la plena libertad de la voluntad. Se propone que quede exento de pena en el Código Penal quien proporcione o facilite la muerte digna y sin dolor a otro persona, en el caso de que sufriera una enfermedad grave que condujese necesariamente a su muerte o le produjese graves sufrimientos permanentes y difíciles de soportar, o que siendo permanente la incapacitase de forma generalizada para valerse por sí misma.
También prevé la modificación parcial de la Ley General de Sanidad para introducir el derecho del paciente a decidir libremente, una vez informado, el tratamiento médico que se le debe aplicar, como reconocimiento de la voluntad de morir de la persona afectada, teniendo en cuenta la conveniencia de que las situaciones eutanásicas se resuelven, en la medida en que sea posible, en un contexto médico-asistencial.