La comisión de Igualdad aprueba el texto que defiende una Ley de Plazos

L D (Agencias) El texto, que será elevado al Gobierno, fue apoyado por el PSOE, ERC, IU, ICV, BNG y Na-Bai y contó con el rechazo del PP y la abstención del PNV. Por su parte, CiU no votó porque hay distintas visiones sobre este tema dentro de su formación.

El documento aboga por la "despenalización del aborto" y pide que se pueda abortar a partir de los 16 años de edad "sin necesidad de consentimiento paterno", así como que se escuche la opinión de las chicas embarazadas a partir de los 12 años.

Pese a que el texto no lo concreta, la comisión ha establecido una serie de requisitos sobre los plazos de la nueva ley: que "estén en la línea con el previsto con los países" del entorno de España, "que puedan facilitar el consenso social" y "que den cabida a la gran mayoría de las interrupciones que se practican en España". Además, demanda que en la sanidad pública se "garantice" la práctica de abortos, la planificación familiar y "el acceso a los métodos anticonceptivos fiables y seguros, incorporando los de última generación y de emergencia comprobados clínicamente".

Objeción de conciencia

Asimismo, el documento reclama al Gobierno que "clarifique el ejercicio de la objeción de conciencia" y que "establezca protocolos sencillos que garanticen la agilidad de los trámites para solicitar la prestación en la red sanitaria pública". El texto definitivo también pide "la dignificación de los profesionales que con su esfuerzo consiguen que sea una prestación sanitaria de calidad".

El Congreso solicita asimismo que "se facilite a las mujeres, de manera objetiva, neutra y en base a la evidencia científica, información precisa, por una parte, sobre las características médicas de la intervención y, por otra, sobre alternativas, ayudas y apoyos sociales que se encuentran a su disposición en el caso de que continúe con el embarazo".

PSOE: "Es una demanda social"

La portavoz socialista de Igualdad, Carmen Montón, defendió que el texto "responde a una necesidad y demanda social" y "refleja el sentir mayoritario del Congreso". "La modificación es necesaria porque la sociedad ha experimentado muchos avances desde que se aprobó la actual ley, hace 23 años".

Según indicó, la propuesta trata de "eliminar la inequidad territorial", otorga "mayor seguridad jurídica a las mujeres y los profesionales sanitarios" y es "constitucional porque garantiza los derechos y libertades de las mujeres que quieren abortar al tiempo que brinda la protección adecuada al nasciturus", ya que se informa a las mujeres sobre las alternativas al aborto.

Montón defendió que la interrupción voluntaria del embarazo se incluya "en el marco de una estrategia global sobre derechos y salud sexual y reproductiva" y la obligatoriedad de la educación afectivo-sexual, "con el fin de prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual".

La diputada socialista negó que la nueva ley vaya a aumentar el número de abortos y acusó a los populares de "demagogos" porque no cambiaron la ley durante sus ocho años de Gobierno. "No se puede llegar a ningún acuerdo con el PP porque rechaza el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad", dijo.

PP: "No es un texto representativo"

Por su parte, la portavoz popular, Sandra Moneo, aseguró que el documento "no es representativo de las intervenciones" que se han escuchado en la subcomisión, lo que a su juicio demuestra que el PSOE y el Gobierno "tenían tomada una decisión mucho antes de que se iniciaran las comparecencias". "No vamos a colaborar en esta tremenda farsa", aseveró.

Además, lamentó que "los trabajos de la subcomisión hayan sido tan precipitados y no hayan permitido examinar en profundidad la problemática del aborto". "Se inició la subcomisión para que el Parlamento sirviese de coartada a los intereses del PSOE y tiñese de un barniz democrático una decisión adoptada unilateralmente", denunció.

Según dijo, "un aborto supone que no haya una nueva vida, se mire como se mire" y el Tribunal Constitucional "ha dejado claro que la vida humana necesita de protección desde su inicio". "Una sociedad no puede progresar sobre pilares como el aborto, la eutanasia, la falta de valores o el adoctrinamiento político en las escuelas", destacó.

Para Moneo, "es increíble que ante el incremento incesante del número de abortos en España, más de 112.000 el año pasado, los socialistas propongan más aborto", porque, según dijo, esta ley los aumentará. "El PSOE propone frente a mucho aborto, más aborto, mientras que el PP propone frente a más aborto, más vida", sentenció, al tiempo que planteó un "plan de apoyo a la maternidad.

Así, acusó al PSOE de querer "generalizar el aborto" y de convertir en derecho "algo que es malo para la mujer", ya que deja "graves consecuencias físicas y psíquicas", así como de lanzar "un mensaje perverso de que no pasa nada por abortar cuando eso no es así". "Habrá casos en los que no habrá otro remedio (que abortar), verdaderos dramas, pero esos están contemplados en la ley actual", añadió.

De este modo, criticó el "feminismo de salón de la izquierda que invita a abortar", frente "al feminismo comprometido" del PP que apoya la maternidad y aseguró que detrás de esta reforma hay "poderosos intereses".

ERC-IU-ICV piden de 20 a 24 semanas

Mientras, el diputado de ERC Joan Tardá advirtió al Grupo Socialista de que "no sería de recibo que el Gobierno presentara un proyecto de ley que fuera por debajo de las conclusiones" y, aunque retiró su voto particular, cree que debe haber aborto libre entre las 20 y 24 semanas. Tardá reclamó al PSOE "diligencia" en la tramitación de la ley, ya que, según auguró, "la reacción de la jerarquía católica y del PP va a ser furibundo".

Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, se identificó con el texto final y retiró su voto particular, aunque pidió, como ya había hecho ERC, su publicación en las conclusiones. En él, solicita que los plazos se establezcan entre las 20 y 24 semanas y la prestación de anticonceptivos por la sanidad pública. Con todo, calificó el informe de "ambicioso, de encuentro y de mayoría".

La diputada de CIU Mercè Pigem no votó el texto, ya que su grupo está formado por dos partidos políticos que se aproximan "de dos maneras diferentes" a la cuestión del aborto.

Mientras, el diputado del PNV Joseba Agirretxea afirmó que es el Gobierno el que debe llevar a la Cámara un proyecto de ley para su debate y añadió que no va a ser su grupo "el que le haga el trabajo al Gobierno". Además, criticó que las conclusiones de la subcomisión no sean "el resumen de las intervenciones" y acusó al PSOE de utilizar al Parlamento "de una forma sibilina". Por ello, anunció la abstención de su grupo porque "el procedimiento no es el adecuado".

Por último, la diputada del BNG, María Olaia Fernández Davila, además de defender la posición mayoritaria, propuso la creación de una asignatura de educación sexual.