Durante su discurso, Caldera conminó a los grupos que aún no se han apoyado la Ley a sumarse al consenso durante el trámite del Senado porque "la sociedad española merece la unanimidad". El ministro aseguró que el Gobierno no tiene intención de invadir competencias y defendió las garantías de financiación a través de convenios plurianuales con comunidades autónomas.
La iniciativa legislativa del Gobierno, que ahora será remitida para su debate en el Senado, se acordó por 295 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El PP se abstuvo en siete artículos del proyecto después de que se eliminara, a instancias de grupos nacionalistas, el término "nacional" del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (inicialmente se denominaba sistema nacional de dependencia).
La futura ley para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia configurará una red de utilización pública de centros y servicios sociales, cuya financiación recaerá en la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los propios beneficiarios.
Todos los grupos se felicitaron por el trabajo realizado (IU-ICV y ERC agradecieron de manera expresa la voluntad de diálogo de la ponente socialista Soledad Pérez), a pesar de que nadie vio satisfechas sus demandas al cien por cien.
"Apoyo crítico" del PP
El Grupo Parlamentario Popular, por su parte, dio su "apoyo crítico" al Gobierno y censuró el "retroceso alborotado" y la "depuración lingüístico nacionalista" del término "Sistema Nacional". La diputada María Salom también llamó la atención del Gobierno por "ocultar el acuerdo" con su formación política. "¿Tan prisioneros están de los nacionalistas para no reconocer que hemos llegado a un acuerdo?", ironizó.
Salom defendió las aportaciones de su grupo al proyecto (aumento de los titulares de derechos, atención preferente a los grandes dependientes y confidencialidad de datos, entre otros). Además, manifestó que aún quedan "temas pendientes", como la necesidad de encuadrar dentro de la acción protectora de la Seguridad Social, la gratuidad de la gran dependencia, un fondo cohesión interterritorial, y el establecimiento de un mínimo de renta exento en el copago.
La ley tiene unos plazos previstos de desarrollo gradual, hasta 2015, y se empezará a aplicar sobre las personas dependientes que se encuentren en peor situación. El futuro sistema incluirá prestaciones (atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día, residencias) y prestaciones económicas vinculadas a la contratación de servicios privados. Además, recoge la posibilidad de que los cuidadores familiares reciban una compensación económica y sean dados de alta en la Seguridad Social.
Según la memoria económica, la Administración General del Estado aportará más de 12.638 millones de euros hasta 2015 para garantizar las prestaciones y servicios básicos del sistema. Las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en la materia, deberán aportar una cantidad similar. En este ámbito, el Estado y las autonomías firmarán acuerdos de financiación plurianual para garantizar la sostenibilidad del sistema en el futuro. Las autonomías también podrán mejorar la atención con cargo a sus presupuestos y se diseñará un sistema de copago para que los beneficiarios realicen una aportación, en función de sus recursos.