(Libertad Digital) Como relata la carta, la querella surgió a raíz de un artículo publicado por El Mundo en noviembre de 2001 sobre el supuesto espionaje del que era objeto Juan Manuel López Benjumea, el entonces presidente de una entidad de ahorro, supuestamente por rechazar la política bancaria de la Junta de Andalucía. El artículo reflejó que López Benjumea contrató a un detective privado para averiguar quién ordenó este supuesto espionaje. Dicho detective al parecer logró filmar la confesión de uno de los participantes en el supuesto espionaje en la que, según el artículo, reveló que actuaba bajo órdenes de Chaves. Se da la extraña circunstancia de que las dos copias de dicha filmación han desaparecido, una se ha extraviado y la segunda fue robada recientemente de la oficina de los juzgados donde estaba en custodia.
El presidente de la Junta de Andalucía exige a los periodistas que firmaron la noticia, Javier Caraballo y Paco Rosell multas e indemnizaciones por valor de dos millones de euros y penas de cárcel si no pagan. La juez instructora ha impuesto una fianza de 700.000 euros, algo inédito en una causa por injurias e insultos al honor.
El Comité Mundial de Libertad de Prensa considera esta acción judicial un "atentado contra la libertad de prensa y los derechos fundamentales" de los periodistas y de los ciudadanos. Además afirma "lo exorbitante de las penas exigidas y el monto de la fianza constituyen preocupantes agravantes de este abusivo intento de silenciar a un medio de comunicación".
Recuerda este organismo que los políticos deben estar preparados para ser objeto de "escrutinio" y "críticas" por parte de la sociedad y que no deben usar su poder para silenciar estas críticas.