El Colegio de Médicos de Barcelona permite a Morín ejercer de nuevo
El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona ha rehabilitado al ginecólogo Carlos Morín en el ejercicio de sus funciones tras ser acusado de cometer irregularidades en los abortos que se practicaban en sus clínicas.
La decisión del órgano colegial está basada en la consideración de que Morín ha “regularizado su situación colegial”. Parece ser que ésto era lo único que debía hacer para volver a su trabajo, puesto que al facultativo no se le había suspendido por mala práctica de su profesión, a pesar de que había tenido que enfrentarse en los juzgados por delitos de intrusismo profesional por practicar abortos sin especialistas en ginecología y a menores sin consentimiento paterno o firmar certificados psiquiátricos profesionales ajenos a esta disciplina; así como deshacerse de los fetos de forma ilegal.
El ginecólogo peruano había sido acusado también de irregularidades fiscales y de “aminorar las garantías sanitarias” por “afán de lucro”.
Ésta no ha sido la primera vez que Morín se encontraba de cara con la justicia, ya que el médico estuvo en prisión en 1989 por delitos vinculados con la mala práctica en las interrupciones del embarazo. Por otro lado, El Colegio de Médicos le había suspendido, en este caso, tan sólo por “no estar al corriente del pago de una de sus cuotas colegiales”, tal y como confirmó al diario La Razón Jaume Padrós, secretario de la Junta del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona.
No obstante, una vez regularizados sus “problemas de carácter administrativo”, Carlos Morín podrá volver a ejercer como cualquier otro colega ya que “el juez nunca le ha prohibido el ejercicio” pese a que sus clínicas en las ciudades de Madrid y Barcelona fueron cerradas entre los años 2007 y 2008 por las citadas infracciones.
Además, el ginecólogo sigue teniendo todas las de ganar con la nueva Ley del Aborto, que incluye algunas premisas que dejarían impunes los delitos de éste, tales como la aprobación del punto que explica que las jóvenes de 16 años podrán abortar sin el consentimiento de sus padres o la idea que ha expresado en numerosas ocasiones la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, por la que “nadie habría de ir a la cárcel por practicar o someterse a abortos”.
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