El caso Mercasevilla llega a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía

¿Por qué se llama al viceconsejero de Empleo?

Porque fue la Consejería de Empleo la que concedió la subvención de 900.000 euros a Mercasevilla de donde iba a salir la comisión ilegal exigida a los empresarios. La jueza  instructora aceptó que presten declaración como testigos el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, y dos altos cargos de la consejería, el ex director general de Formación para el Empleo -hoy coordinador general de la Consejería-, Juan Manuel Fuentes Doblado, y su sucesora en el cargo, María José Lara, quienes intervinieron en la concesión de la subvención de 900.000 euros para la creación del proyecto de la escuela de hostelería de la Fundación Mercasevilla. También prestará declaración como testigo el jefe de la unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados, para que ratifique las declaraciones que realizaron los imputados en la Policía.

Pero además hay que aclarar qué hizo la Junta cuando recibió la denuncia. El viceconsejero de Empleo tiene que aclarar qué y cómo investigó  la Junta de Andalucía cuando recibió la denuncia verbal de los empresarios del grupo La Raza sobre la supuesta petición de comisiones ilegales en el mercado de mayoristas, qué curso siguió y qué frutos dio el "expediente reservado" que instruyó la Consejería de Empleo tras conocer los hechos.
 

Los empresarios supuestamente extorsionados informaron de los hechos a la Junta de Andalucía el 20 de enero de 2009 pero hasta el 16 de febrero la Consejería de Empleo, por medio precisamente de Agustín Barberá, no puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Manuel Chaves dijo en septiembre de 2009 que fue la Junta quien denunció los hechos corruptos demostrados en las grabaciones efectuados por los empresarios del grupo. La Raza a la Fiscalía en Sevilla, pero, en realidad, fueron los empresarios los que denunciaron los hechos a la Junta, concretamente a un miembro del equipo de Zarrías y del propio presidente Chaves, Juan Gallo, quien, ante la envergadura del escándalo, optó por comunicarlo a Zarrías que lo comunicó a su vez a Chaves.

Enterados del escándalo, optaron por pilotarlo.

En primer lugar, comunicaron los hechos al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, de quien depende la Fundación de Mercasevilla y el propio Mercasevilla, para ver si podía evitarse el escándalo y luego, casi diez días más tarde, convencidos de la inutilidad de los esfuerzos para parar el "bombazo", acudieron a la Fiscalía de Sevilla en vez de a un Juzgado de Guardia, como sería lo ordinario y razonable.
 

ContabaDiario de Sevillael pasado uno de abril de 2009, que "el Ayuntamiento de Sevilla admitió ayer en un comunicado que conocía los hechos desde el pasado 4 de febrero”, cuando fue informado por la Junta de supuestos comentarios y conversaciones realizadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce, en ese momento, director general y director adjunto, respectivamente, de Mercasevilla.

El Consistorio hispalense decidió suspender el consejo de administración que se iba a celebrar el 6 de febrero para aclarar los hechos. Una semana después, el 13 de febrero, la Junta trasladó al Ayuntamiento que tenía "la certeza de que se han producido dichos comentarios" gracias a una grabación realizada por los afectados, que fue incluida en una denuncia ante la Fiscalía que fue presentada ese mismo día por la Consejería de Empleo.