Mientras el delegado socialista de la Junta de Andalucía en Sevilla e imputado en el caso Mercasevilla, Antonio Rivas contemplaba como otros imputados socialistas se acogían a su derecho a no declarar, el caso llega a las orillas mismas de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Según el acta de la comparecencia celebrada el pasado miércoles, la juez acordó que citará al viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, que instruyó el expediente de información reservada cuando la Junta de Andalucía tuvo conocimiento de que se había producido una petición de comisión por parte de Mercasevilla a los empresarios de hostelería.
Esta comparecencia, que fue pedida por la acusación particular del PP, se completará también con las declaraciones como testigos de los ex directores generales de Formación para el Empleo, José Manuel Fuentes Doblado, y María José Lara González, cuyos testimonios también fueron solicitados por la acusación del Partido Andalucista. La juez ha decidido citar a estos últimos aunque rechaza hacerlo en calidad de imputados tal y como había pedido el PP. El juzgado también citará al jefe de la unidad adscrita a la Policía Judicial.
A la comparecencia en el despacho de la juez Mercedes Alaya, se dieron cita cuatro imputados en la trama sobre la petición por parte de Mercasevilla de una comisión de 450.000 euros a La Raza a cambio de la adjudicación de una escuela de hostelería. El delegado de Empleo, Antonio Rivas, los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la secretaria Regla Pereira, todos ellos imputados por la magistrada de un presunto delito de cohecho, acudieron al despacho para la audiencia preliminar prevista en la Ley del Jurado aunque ninguno de los cuatro fue interrogado.
Lo más curioso y que evidencia la división ya existente entre los socialistas implicados es que pese a que la defensa del delegado de Empleo solicitó la declaración de Mellet y Ponce, éstas no se produjeron puesto que ambos anunciaron que se acogían a su derecho constitucional de no declarar. La defensa de Rivas hizo constar su “respetuosa protesta” por el hecho de que no se accediese a esa declaración.
A la comparecencia en el despacho de la juez Mercedes Alaya, se dieron cita cuatro imputados en la trama sobre la petición por parte de Mercasevilla de una comisión de 450.000 euros a La Raza a cambio de la adjudicación de una escuela de hostelería. El delegado de Empleo, Antonio Rivas, los ex directivos de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la secretaria Regla Pereira, todos ellos imputados por la magistrada de un presunto delito de cohecho, acudieron al despacho para la audiencia preliminar prevista en la Ley del Jurado aunque ninguno de los cuatro fue interrogado.
Lo más curioso y que evidencia la división ya existente entre los socialistas implicados es que pese a que la defensa del delegado de Empleo solicitó la declaración de Mellet y Ponce, éstas no se produjeron puesto que ambos anunciaron que se acogían a su derecho constitucional de no declarar. La defensa de Rivas hizo constar su “respetuosa protesta” por el hecho de que no se accediese a esa declaración.
¿Por qué se llama al viceconsejero de Empleo?
Porque fue la Consejería de Empleo la que concedió la subvención de 900.000 euros a Mercasevilla de donde iba a salir la comisión ilegal exigida a los empresarios. La jueza instructora aceptó que presten declaración como testigos el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, y dos altos cargos de la consejería, el ex director general de Formación para el Empleo -hoy coordinador general de la Consejería-, Juan Manuel Fuentes Doblado, y su sucesora en el cargo, María José Lara, quienes intervinieron en la concesión de la subvención de 900.000 euros para la creación del proyecto de la escuela de hostelería de la Fundación Mercasevilla. También prestará declaración como testigo el jefe de la unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados, para que ratifique las declaraciones que realizaron los imputados en la Policía.
Pero además hay que aclarar qué hizo la Junta cuando recibió la denuncia. El viceconsejero de Empleo tiene que aclarar qué y cómo investigó la Junta de Andalucía cuando recibió la denuncia verbal de los empresarios del grupo La Raza sobre la supuesta petición de comisiones ilegales en el mercado de mayoristas, qué curso siguió y qué frutos dio el "expediente reservado" que instruyó la Consejería de Empleo tras conocer los hechos.
Porque fue la Consejería de Empleo la que concedió la subvención de 900.000 euros a Mercasevilla de donde iba a salir la comisión ilegal exigida a los empresarios. La jueza instructora aceptó que presten declaración como testigos el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, y dos altos cargos de la consejería, el ex director general de Formación para el Empleo -hoy coordinador general de la Consejería-, Juan Manuel Fuentes Doblado, y su sucesora en el cargo, María José Lara, quienes intervinieron en la concesión de la subvención de 900.000 euros para la creación del proyecto de la escuela de hostelería de la Fundación Mercasevilla. También prestará declaración como testigo el jefe de la unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados, para que ratifique las declaraciones que realizaron los imputados en la Policía.
Pero además hay que aclarar qué hizo la Junta cuando recibió la denuncia. El viceconsejero de Empleo tiene que aclarar qué y cómo investigó la Junta de Andalucía cuando recibió la denuncia verbal de los empresarios del grupo La Raza sobre la supuesta petición de comisiones ilegales en el mercado de mayoristas, qué curso siguió y qué frutos dio el "expediente reservado" que instruyó la Consejería de Empleo tras conocer los hechos.
Los empresarios supuestamente extorsionados informaron de los hechos a la Junta de Andalucía el 20 de enero de 2009 pero hasta el 16 de febrero la Consejería de Empleo, por medio precisamente de Agustín Barberá, no puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía.
Manuel Chaves dijo en septiembre de 2009 que fue la Junta quien denunció los hechos corruptos demostrados en las grabaciones efectuados por los empresarios del grupo. La Raza a la Fiscalía en Sevilla, pero, en realidad, fueron los empresarios los que denunciaron los hechos a la Junta, concretamente a un miembro del equipo de Zarrías y del propio presidente Chaves, Juan Gallo, quien, ante la envergadura del escándalo, optó por comunicarlo a Zarrías que lo comunicó a su vez a Chaves.
Manuel Chaves dijo en septiembre de 2009 que fue la Junta quien denunció los hechos corruptos demostrados en las grabaciones efectuados por los empresarios del grupo. La Raza a la Fiscalía en Sevilla, pero, en realidad, fueron los empresarios los que denunciaron los hechos a la Junta, concretamente a un miembro del equipo de Zarrías y del propio presidente Chaves, Juan Gallo, quien, ante la envergadura del escándalo, optó por comunicarlo a Zarrías que lo comunicó a su vez a Chaves.
Enterados del escándalo, optaron por pilotarlo.
En primer lugar, comunicaron los hechos al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, de quien depende la Fundación de Mercasevilla y el propio Mercasevilla, para ver si podía evitarse el escándalo y luego, casi diez días más tarde, convencidos de la inutilidad de los esfuerzos para parar el "bombazo", acudieron a la Fiscalía de Sevilla en vez de a un Juzgado de Guardia, como sería lo ordinario y razonable.
En primer lugar, comunicaron los hechos al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, de quien depende la Fundación de Mercasevilla y el propio Mercasevilla, para ver si podía evitarse el escándalo y luego, casi diez días más tarde, convencidos de la inutilidad de los esfuerzos para parar el "bombazo", acudieron a la Fiscalía de Sevilla en vez de a un Juzgado de Guardia, como sería lo ordinario y razonable.
Contaba Diario de Sevilla el pasado uno de abril de 2009, que "el Ayuntamiento de Sevilla admitió ayer en un comunicado que conocía los hechos desde el pasado 4 de febrero”, cuando fue informado por la Junta de supuestos comentarios y conversaciones realizadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce, en ese momento, director general y director adjunto, respectivamente, de Mercasevilla.
El Consistorio hispalense decidió suspender el consejo de administración que se iba a celebrar el 6 de febrero para aclarar los hechos. Una semana después, el 13 de febrero, la Junta trasladó al Ayuntamiento que tenía "la certeza de que se han producido dichos comentarios" gracias a una grabación realizada por los afectados, que fue incluida en una denuncia ante la Fiscalía que fue presentada ese mismo día por la Consejería de Empleo.
El Consistorio hispalense decidió suspender el consejo de administración que se iba a celebrar el 6 de febrero para aclarar los hechos. Una semana después, el 13 de febrero, la Junta trasladó al Ayuntamiento que tenía "la certeza de que se han producido dichos comentarios" gracias a una grabación realizada por los afectados, que fue incluida en una denuncia ante la Fiscalía que fue presentada ese mismo día por la Consejería de Empleo.
Es decir, Manuel Chaves y Gaspar Zarrías ocultaron a la Fiscalía y a la Justicia al menos durante 9 días los hechos gravísimos denunciados a personas de la Junta por los empresarios desde mucho antes y sólo ante la existencia de las grabaciones es cuando, comprendiendo la inevitabilidad del escándalo, acudieron a la Fiscalía