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El CAC andaluz encubre la "intimidad" de los derrochadores

Casi 24.000 euros en generosos almuerzos y cenas, no exentos de marisco y cubatas. El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) no facilitará las facturas de las comilonas de los consejeros socialistas para "preservar la intimidad" de los derrochadores.

L D (Pedro de Tena) Lo dijo Anson: "El Consejo Audiovisual de Andalucía es una camelancia para colocar a amiguetes y parientes de los dirigentes del PSOE". Pues bien ahora, después de cursar varias peticiones desde el pasado mes de octubre, el consejero a propuesta del PP en el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Carlos del Barco, se entrevistó ayer martes con el presidente de la institución, Juan Montabes, para abordar los elevados gastos de miembros a propuesta de PSOE e IU en comidas no justificadas durante el año 2007: casi 24.000 euros en generosos almuerzos y cenas, no exentos de marisco y cubatas, pero Montabes no le dio las facturas de las mariscadas para preservar el "derecho a la intimidad" de los consejeros socialistas que se las comieron.

Recuérdese que la primera medida que tomó el ahora presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Juan Montabes, tras tomar posesión fue destituir al secretario general de la institución, Juan Luque, como le reclamaban los consejeros "mariscadores" a propuesta del PSOE. Con esta decisión, los consejeros socialistas arruinaron la imagen de neutralidad que pretendía avivar el nuevo presidente Montabes y se vengaron directamente de quien creen fue el que filtró las facturas de sus comilonas a los medios de comunicación. Ninguno de ellos, sin embargo, presentó su dimisión por comportamiento vergonzoso.

Del Barco denuncia que Montabes se negó ayer martes a entregarle la memoria justificativa de los gastos, esgrimiendo el «derecho a la intimidad» de los consejeros afectados, por lo que siguen sin dilucidarse los pormenores de un asunto que generó a mediados de 2008 una gran polvareda mediática. Como se recordará, además del dispendio en almuerzos, también se hizo público que el desembolso por el uso de coches oficiales para ir a la sede rondó ese mismo año los 18.000 euros. Transcurridos nueve meses, pocos datos han trascendido.

Los consejeros a propuesta de PP y PA han reclamado la puesta en marcha de una comisión de investigación y la intervención de la Cámara de Cuentas, pero las iniciativas han sido tumbadas. Cuando estalló el escándalo, Juan Montabes no había tomado todavía posesión del cargo, pero el hecho de que «se niegue a dar información provoca que pase ahora a estar involucrado», denuncia Del Barco, que estima que el único objetivo del máximo responsable del CAA es «enterrar un escándalo». En el pleno de la próxima semana, los consejeros a propuesta de PP y PA volverán a preguntar en el pleno. Hoy están citados con Montabes para abordar el mismo asunto José María Arenzana (PA) y Carmen Elías (PP).

Informe demoledor el que se trata de tapar

En el año 2007 media docena de miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía se gastaron en almuerzos y cenas más de 30.000 euros. Sólo en concepto de alquiler de coches a la empresa ATA, el Consejo Audiovisual andaluz gastó en enero y febrero pasados la bonita suma de 4.992´95 euros". Las consejeras socialistas, Carmen Fernández Morillo y María Luisa Pérez despilfarraron en 2007 de los impuestos que pagan los españoles la suma de 17.932 euros para trasladarse en coche desde Cádiz y Jaén a los plenos y comisiones del Consejo Audiovisual.

Para más datos, recuerden que decenas de facturas de comidas, desplazamientos y taxis fueron cargados por los cinco consejeros socialistas a las cuentas del CAA. Nécoras, ostras, gambas blancas, vinos de reserva, etc.. constan en las facturas de comidas no oficiales cargadas por los consejeros socialistas durante 2007 y cuyo importe se eleva a la nada despreciable cantidad de 23.700 euros , o lo que es lo mismo, casi cuatro millones de las antiguas pesetas. En este dossier no están incluidos los gastos de comidas oficiales.

Según el texto del dossier, los servicios de Intervención del CAA rechazaron en un primer momento las facturas presentadas por los consejeros, al tratarse de simples albaranes cuyas fechas no coincidían con los días de pleno y que además estaban sin firmar. El Servicio de Intervención del Consejo les exigió facturas firmadas como requisito imprescindible para que, una vez aprobadas, fueran abonadas a los dos restaurantes sevillanos que, ni que decir tiene, aún no han cobrado.

Al parecer, estos consejeros han, presuntamente, falsificado las facturas , agrupándolas, haciéndolas coincidir con fechas en las que se celebraban los plenos y repartiéndoselas entre ellos con la intención de que "cuelen" y sean abonadas por el Consejo, cosa que de momento no ha ocurrido y que, todo apunta, no ocurrirá. Esto se contaba en los informativos de la COPE de aquellos días.

Además, hay otros 24.000 euros en desplazamientos irregulares . Los dos vehículos oficiales de los que dispone el CAA, con un solo chofer, son coches matriculados hace un año destinados, en teoría, para uso exclusivo del presidente. Uno de los coches suma 79.000 kilómetros y el otro 60.000. Además, el dossier refleja que a dos de las consejeras, se les recogía en sus respectivos domicilios de Cádiz y Jaén, en vehículo oficial, casos que no están contemplados en la normativa interna del Consejo. Tal como suena. Pero con todo, hay otro detalle espectacular. En 2007, una de las consejeras socialistas, gastó en taxis algo más de 1.500 euros, a pesar de que estuvo de baja por maternidad y durante cuatro meses sólo acudió a los plenos y a alguna comisión

Pues bien, el Consejo remitió a uno de los consejeros a propuesta del PSOE estas facturas, quien, tras las informaciones publicadas en diversos medios de comunicación, se negó a firmar las facturas, ya que no todas eran de comidas en las que él hubiera estado, sino de otros de sus compañeros, comentan las mencionadas fuentes. Dicho consejero propuso al resto de los consejeros designados por el PSOE prorratear las facturas y repartirlas entre todos, lo que provocó el desacuerdo y se negaron a firmarlas ya que hacerlo sería reconocer que han participado en las comidas no oficiales con cargo a la institución denunciadas y cuyo coste superó los 30.000 euros en año y medio.

La negativa de estos consejeros a firmar las facturas provocó que estas facturas no pudieran ser devueltas a la administración del Consejo y tampoco se puede proceder al pago de las minutas a los restaurantes. Esta razón, explican, unida al hecho de que estos consejeros hayan dejado de acudir a estos restaurantes desde que se produjeron las denuncias, hizo los propietarios de estos dos restaurantes acudieron a la sede del Consejo Audiovisual a reclamar el dinero adeudado, que, señalan estas fuentes, asciende en cada caso a más de tres mil euros, esto es, unos siete mil euros en total.

Otros escándalos

En diciembre de 2008, los consejeros a propuesta del PP y el PA abandonaron ayer el pleno del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) al considerar «cercenados, una vez más» sus derechos tras haber sido «eliminado» uno de ellos como ponente en una resolución sobre el programa «La hora de Andalucía», de Canal Sur Radio. Como es sabido, este programa es manifiestamente pro Chaves y pro PSOE. Los consejeros Carmen Elías, Jaime Bretón, José María Arenzana y Carlos del Barco, consideraronn que esto, unido a que la consejera a propuesta del PSOE Mercedes de Pablos presentó unilateralmente una propuesta de resolución, era una prueba más de la instrumentalización de la ley y el reglamento del CAA en beneficio de los «únicos y exclusivos intereses de una parte» del CAA.

Además, el socialista Rogelio Delgado, ex alto cargo municipal y ahora empresario y editor, cobró dinero por elaborar unos informes para el CAA que nadie sabe dónde están ni siquiera si se han hecho. A causa de este incumplimiento, el Consejo Audiovisual Andaluz (CAA) lleva desde su creación sin elaborar informes sobre pluralismo político que permitan valorar y comparar objetivamente los contenidos informativos de las desconexiones provinciales de Canal Sur y las televisiones públicas de los ayuntamientos andaluces a lo que está legalmente obligado por el artículo 4.1 de su ley de Creación. En él se expresa que una de sus funciones es la de "velar por el cumplimiento de los principios constitucionales y estatutarios, en especial los referentes al pluralismo político". Curiosamente, el PSOE no ha denunciado esta situación y ampara el comportamiento de "su empresario".

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