El Ayuntamiento de Lanjarón (PSOE) tendrá que readmitir a un empleado simpatizante del PP
Las cosas del régimen andaluz que dirige Manuel Chaves son inquietantes. No sólo hay un tráfico de coincidencias masiva en cuanto a familiares de altos y bajos cargos en las nóminas públicas. No sólo se beneficia al partido del gobierno en todas las oposiciones posibles a nivel local. El caso de Lanjarón es emblemático. El Ayuntamiento de Lanjarón deberá readmitir a un empleado que despidió por su "tendencia política". El trabajador, simpatizante del PP, fue víctima de una "represalia" por su enemistad con los responsables del consistorio, del PSOE. Al juez le "llama poderosamente la atención la dinámica clientelar de acceso a los distintos puestos de trabajo desempeñados, asumida por la anterior corporación municipal y que la actual como sucesora debe asumir".
El despido se produjo después de que el trabajador denunciara por amenazas e insultos a Mariano Ruiz (PSOE), alcalde de Lanjarón desde las últimas elecciones municipales, a la número dos del equipo de gobierno, María Ruiz Fernández, y al marido de ésta. Aquella denuncia derivó en un juicio de faltas del que fue excluido el alcalde, absuelta la concejal y condenado por una falta de amenazas el marido de ésta.
Según el fallo, el trabajador fue sustituido en sus labores por otra auxiliar administrativa vinculada al entorno familiar de un concejal del actual equipo de gobierno.
A.M.S.F. comenzó a prestar sus servicios en el Ayuntamiento de Lanjarón en el año 2000 sin estar dado de alta en la Seguridad Social hasta julio de 2003, cuando se le hizo un contrato para "atender exceso de pedidos". Según la sentencia, el Ayuntamiento le comunicó el pasado 24 de agosto la finalización del contrato, con fecha de 8 de septiembre, sin motivar otras causas.
Lamentablemente el PP y cualquier otro partido que consiga gobernar un municipio gobernado con anterioridad por el PSOE, se encuentra ante una tesitura moral grave. El PSOE, en general e incluso beneficiado por Ley, no ha tenido miramiento alguno en situar a familiares y amigos en los Ayuntamientos. Es más, es que, por la propia ley elaborada ad hoc por el PSOE en la Junta de Andalucía, las pruebas para acceder a la Función Pública Local en Andalucía está mediatizada por la inmensa mayoría de alcaldes socialistas y la Junta de Andalucía. ¿Debe el PP u otros hacer lo mismo para equilibrar las cosas o deben tragar lo heredado del PSOE y que, probablemente, les impedirá gobernar?
Lo que sigue es uno de los sistemas utilizados para legalizar las preferencis partidarias. En el caso de los funcionarios locales y del personal municipal en general, la composición de los Tribunales calificadores viene regida por el Real Decreto 896/91. En ese texto, se dice
b) Que el número de miembros de dichos Tribunales que en ningún caso será inferior a cinco. Actuará como presidente el de la corporación o miembro de la misma en quien delegue. Entre los vocales figurará un representante de la comunidad autónoma.
Esto vale para un funcionario administrativo, para un arquitecto, para un economista...Alcalde, concejales y Junta tienen el poder de decidir quién ocupa la plaza.
Pero, en realidad, lo que se hace es buscar una mayoría de miembros del partido político dominante, casi siempre el PSOE. Veamos un caso concreto: la convocatoria de una plaza de vigilante en el Ayuntamiento jiennense de Puente de Génave, Jaén. Ahí tienen la composición del Tribunal:
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