LD (Pedro de Tena - editor de www.porandalucialibre.es) El Juzgado de lo Social número 2 de Granada obliga al consistorio a readmitir a A.M.S.F., en las mismas condiciones en las que desempeñaba su trabajo antes del despido, a abonarle 1.072 euros en concepto de salarios desde el pasado noviembre y a indemnizarle con 3.000 euros por el proceso depresivo en el que se vio sumido. Considera el juez que existe un "evidente indicio" de que la decisión de extinguir el contrato obedeció a "represalias" del actual alcalde, que había sido denunciado previamente por el trabajdor, junto a una concejal del actual equipo de gobierno.
El despido se produjo después de que el trabajador denunciara por amenazas e insultos a Mariano Ruiz (PSOE), alcalde de Lanjarón desde las últimas elecciones municipales, a la número dos del equipo de gobierno, María Ruiz Fernández, y al marido de ésta. Aquella denuncia derivó en un juicio de faltas del que fue excluido el alcalde, absuelta la concejal y condenado por una falta de amenazas el marido de ésta.
Según el fallo, el trabajador fue sustituido en sus labores por otra auxiliar administrativa vinculada al entorno familiar de un concejal del actual equipo de gobierno.
A.M.S.F. comenzó a prestar sus servicios en el Ayuntamiento de Lanjarón en el año 2000 sin estar dado de alta en la Seguridad Social hasta julio de 2003, cuando se le hizo un contrato para "atender exceso de pedidos". Según la sentencia, el Ayuntamiento le comunicó el pasado 24 de agosto la finalización del contrato, con fecha de 8 de septiembre, sin motivar otras causas.
El despido se produjo después de que el trabajador denunciara por amenazas e insultos a Mariano Ruiz (PSOE), alcalde de Lanjarón desde las últimas elecciones municipales, a la número dos del equipo de gobierno, María Ruiz Fernández, y al marido de ésta. Aquella denuncia derivó en un juicio de faltas del que fue excluido el alcalde, absuelta la concejal y condenado por una falta de amenazas el marido de ésta.
Según el fallo, el trabajador fue sustituido en sus labores por otra auxiliar administrativa vinculada al entorno familiar de un concejal del actual equipo de gobierno.
A.M.S.F. comenzó a prestar sus servicios en el Ayuntamiento de Lanjarón en el año 2000 sin estar dado de alta en la Seguridad Social hasta julio de 2003, cuando se le hizo un contrato para "atender exceso de pedidos". Según la sentencia, el Ayuntamiento le comunicó el pasado 24 de agosto la finalización del contrato, con fecha de 8 de septiembre, sin motivar otras causas.
La dinámica clientelar
Lamentablemente el PP y cualquier otro partido que consiga gobernar un municipio gobernado con anterioridad por el PSOE, se encuentra ante una tesitura moral grave. El PSOE, en general e incluso beneficiado por Ley, no ha tenido miramiento alguno en situar a familiares y amigos en los Ayuntamientos. Es más, es que, por la propia ley elaborada ad hoc por el PSOE en la Junta de Andalucía, las pruebas para acceder a la Función Pública Local en Andalucía está mediatizada por la inmensa mayoría de alcaldes socialistas y la Junta de Andalucía. ¿Debe el PP u otros hacer lo mismo para equilibrar las cosas o deben tragar lo heredado del PSOE y que, probablemente, les impedirá gobernar?
Lo que sigue es uno de los sistemas utilizados para legalizar las preferencis partidarias. En el caso de los funcionarios locales y del personal municipal en general, la composición de los Tribunales calificadores viene regida por el Real Decreto 896/91. En ese texto, se dice
Lamentablemente el PP y cualquier otro partido que consiga gobernar un municipio gobernado con anterioridad por el PSOE, se encuentra ante una tesitura moral grave. El PSOE, en general e incluso beneficiado por Ley, no ha tenido miramiento alguno en situar a familiares y amigos en los Ayuntamientos. Es más, es que, por la propia ley elaborada ad hoc por el PSOE en la Junta de Andalucía, las pruebas para acceder a la Función Pública Local en Andalucía está mediatizada por la inmensa mayoría de alcaldes socialistas y la Junta de Andalucía. ¿Debe el PP u otros hacer lo mismo para equilibrar las cosas o deben tragar lo heredado del PSOE y que, probablemente, les impedirá gobernar?
Lo que sigue es uno de los sistemas utilizados para legalizar las preferencis partidarias. En el caso de los funcionarios locales y del personal municipal en general, la composición de los Tribunales calificadores viene regida por el Real Decreto 896/91. En ese texto, se dice
a) Que los Tribunales contarán con un presidente, un secretario y los vocales que determine la convocatoria. Su composición será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
b) Que el número de miembros de dichos Tribunales que en ningún caso será inferior a cinco. Actuará como presidente el de la corporación o miembro de la misma en quien delegue. Entre los vocales figurará un representante de la comunidad autónoma.
b) Que el número de miembros de dichos Tribunales que en ningún caso será inferior a cinco. Actuará como presidente el de la corporación o miembro de la misma en quien delegue. Entre los vocales figurará un representante de la comunidad autónoma.
Es decir, que si se quiere se puede configurar una Tribunal Calificador en el que el alcalde y el representante de la Junta de Andalucía sean una minoría en un conjunto de miembros elegidos por su cualificación técnica y profesional.
Esto vale para un funcionario administrativo, para un arquitecto, para un economista...Alcalde, concejales y Junta tienen el poder de decidir quién ocupa la plaza.
Pero, en realidad, lo que se hace es buscar una mayoría de miembros del partido político dominante, casi siempre el PSOE. Veamos un caso concreto: la convocatoria de una plaza de vigilante en el Ayuntamiento jiennense de Puente de Génave, Jaén. Ahí tienen la composición del Tribunal:
Esto vale para un funcionario administrativo, para un arquitecto, para un economista...Alcalde, concejales y Junta tienen el poder de decidir quién ocupa la plaza.
Pero, en realidad, lo que se hace es buscar una mayoría de miembros del partido político dominante, casi siempre el PSOE. Veamos un caso concreto: la convocatoria de una plaza de vigilante en el Ayuntamiento jiennense de Puente de Génave, Jaén. Ahí tienen la composición del Tribunal:
La presidenta era entonces la alcaldesa, perteneciente al PSOE. Había un vocal elegido por el delegado de la Junta en Jaén, presumiblemente del PSOE.
Hay otro concejal del PSOE y hay un funcionario de Administración Local, que puede ser asimismo del PSOE porque lo elige la presidenta, es decir, la alcaldesa. En conjunto, de un número de seis miembros, tres como mínimo son socialistas( y si se quiere cuatro porque en este caso la alcaldesa designa a un concejal del PP, en un gesto de magnanimidad). Así, entre otros sistemas, se ha tejido la tela de araña socialista en Andalucía.
El sistema de Lanjarón, más rústico, consiste en despedir a alguien de la oposición popular para colocar al propio. Afortunadamente, no ha psado inadvertido para este Juzgado, aunque no siempre es así.