L D (EFE) Tras las dos primeras noches de incidentes multitudinarios, el ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con el Gobierno catalán y la Delegación del Gobierno en Cataluña, reforzó el dispositivo de seguridad, que en las tres últimas noches ha estado formado por 80 agentes de la Policía Nacional, 50 de la Guardia Urbana y 22 de los Mossos d'Esquadra.
"El ayuntamiento de Barcelona debe garantizar la convivencia en el espacio público y el normal funcionamiento de la ciudad", detalla el comunicado, que ha destacado que "es una minoría la que rompe los acuerdos establecidos, se apropia de las calles y hace un uso exclusivo de éstas protagonizando acciones de vandalismo contra bienes y personas", asegura que se personará por la vía penal "allí donde se puedan producir en un futuro" altercados de este tipo.
Una primera evaluación económica de los destrozos en el mobiliario urbano y la limpieza extraordinaria de la vía pública sitúa el coste por encima de los 25.000 euros, sin contar los daños provocados por los jóvenes radicales en bienes privados, como motocicletas aparcadas en la calle y entidades financieras.
"No estamos ante un problema de incivismo, sino estrictamente de una actitud violenta ejercida por un grupo de personas que para prolongar la fiesta y divertirse se creen en el derecho de atentar contra los bienes públicos y privados, e incluso contra los ornamentos elaborados con esfuerzo por los vecinos de Gracia", concluye el comunicado, en referencia a los destrozos provocados en calles engalanadas, sobre todo Tordera.