Se enteraron por la prensa, como suele decirse. En concreto por e-noticies. Y todavía siguen esperando una explicación formal al veto que el Ateneo Barcelonés ha impuesto al acto que la entidad iba a acoger el 12 de marzo con motivo del 30 aniversario del 'Manifiesto de los 2.300'.
"Hemos pedido razones por escrito", ha explicado José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, asociación que iba a organizar el evento, a Libertad Digital. De momento, sólo saben que la censura se debe a que "ha habido una serie de socios que han protestado porque consideraban que el acto ataca a Cataluña".
El que más ha debido presionar ha sido Francesc Castany, ex militante de ERC y dirigente de Solidaritat. En su día intentó evitar otro acto de Rosa Díez también en el Ateneo.
Impulso Ciudadano comunicó a la entidad "el contenido íntegro del acto y la naturaleza de la asociación" y entonces no les pusieron ningún inconveniente. "Tenemos por escrito la autorización". Hoy tenían previsto "hacer las pruebas de sonido" en la sala donde iba a tener lugar, pero ayer se enteraron, a través del citado medio, del veto impuesto.
José Domingo ha mostrado su "decepción" por esta decisión. Y es que "se está vulnerando la libertad de expresión". Es una "prueba más de la intolerancia" que se vive en Cataluña. Es "especialmente doloroso" que esta censura la haya ejecutado "una entidad que, en teoría, representa el pluralismo político e ideológico".
Por "los derechos lingüísticos" en Cataluña
Pero aún así no renuncian a celebrar el 30 aniversario del 'Manifiesto de los 2.300', que se hará en otro lugar. Éste fue un llamamiento público realizado en 1981 en Barcelona y firmado por intelectuales y profesionales que por entonces vivían y trabajaban en Cataluña, entre ellos Federico Jiménez Losantos. En el manifiesto expresaban su preocupación por la situación cultural y lingüística de Cataluña y criticaban el "manifiesto propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña" a costa del marginar el castellano de los espacios oficiales y públicos.
Los firmantes del manifiesto pedían ya entonces que se garantizara el derecho de los padres a elegir si querían que su hijo fuera escolarizado en catalán o en castellano. En cualquiera de los dos casos, los firmantes apuntaban que los colegios deberían impartir también la otra lengua, y los estudiantes deberían acabar su vida escolar con el conocimiento escrito y hablado de ambas.