El 65 por ciento del claustro escolar rechaza el programa de Calidad de la Junta

LD (Pedro de Tena) En él se contemplan incentivos de hasta 7.000 euros a los profesores en un plazo de cuatro años, siempre que alcancen una serie de objetivos. La adscripción al programa es voluntaria, y debe estar respaldada por los dos tercios de los claustros de profesores. Esta última condición fue esgrimida ayer por el consejero de Educación, Sebastián Cano, para justificar en parte que no se haya producido una mayor incorporación de centros, si bien explicó que los porcentajes alcanzados son similares -en ocasiones incluso han sido inferiores- al de otros programas que tienen la condición de pioneros.

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía interpuso hace unos días un recurso de reposición contra la Orden de la Consejería de Educación conocida como «Orden de Incentivos», que promete 7.000 euros en cuatro años a los profesores que logren los objetivos, previamente asumidos y evaluados por la Administración.

Según fuentes de la APIA, se podía superar el 77 por ciento el número de claustros de centros de Secundaria andaluces que habían rechazado acogerse a esta Orden de la Consejería de Educación, publicada en el BOJA el pasado 29 de febrero. En su recurso, la APIA desarrolla sus argumentos en varios motivos: «De la objetividad, imparcialidad y neutralidad del profesorado", «Del autismo en sus diferentes versiones ». «De la desincentivación del alumnado en sus diferentes versiones», «De la insonorización del Consejo Escolar», «Del
proceso de selección», «De la libertad de cátedra», «De la libre designación de la comisión técnica de estudio», y «De la nulidad del reglamento».

Precisamente al hilo de esta última cuestión, APIA concluye que «la Orden es un reglamento contra legem, porque, si bien la Ley de Educación delega en la Consejería el desarrollo reglamentario de lo dispuesto en el artículo 21.1, la Consejería se ha extralimitado en la cobertura, regulando un sistema de remuneración e incentivos del profesorado que rebasa con holgura el marco señalado por el Parlamento, colisionando frontalmente tanto contra la Constitución como contra diferentes leyes que regulan el estatus del funcionariado.»

Los profesores de instituto de la APIA estiman que la Orden de los 7.000 euros «condiciona la objetividad, imparcialidad y neutralidad del profesorado, ya que vincula la percepción de una prima económica al número de aprobados, variable que depende enteramente del profesorado y que carece de control o evaluación externa».

Igualmente, se «viola los derechos de los alumnos, ya que discrimina a los alumnos cuyos profesores no se acogen al sistema de incentivos ya que la Consejería ha emitido diferentes mensajes, expresos y tácitos, afirmando que recibirán menos dotaciones de personal».