Educación para la progresía: Se devalúa la religión y se inculcan valores desde el Estado
El Artículo 27.3 de la Constitución prescribe que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Una parte muy importante de la sociedad española desea que a sus hijos se les eduque en la religión católica. Pero la LOE degrada la asignatura de religión, según varias asociaciones.
(Libertad Digital) Es más, la nueva ley, que reduce el número de asignaturas y entre éstas hace menos hueco a las humanidades, y que pone más difícil la educación de la religión católica como la desean muchos padres, introduce, sin embargo, tres nuevas asignaturas: Educación para la ciudadanía, Educación ético-cívica y Filosofía y ciudadanía. Son un nuevo vehículo para el adoctrinamiento, esta vez desde el Estado, y con valores progresistas que no tienen porqué ser los de los padres. Por ejemplo, según se prevé por las últimas enmiendas, se incluirá como uno de los fines de la educación "el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual".
El artículo 17 dice que uno de los objetivos de la educación primaria es "conocer las características fundamentales de su medio físico, social y cultural y las posibilidades de acción en el mismo" y "conocer y valorar la naturaleza y el entorno, y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado", lo que abre el campo al mensaje ecologista. El artículo 33 habla de los objetivos del bachillerato, y menciona "conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social". El Consejo Escolar del Estado se manifestó en contra de la inclusión de estas tres asignaturas porque pueden ir en contra de las convicciones de los padres de los alumnos, pero el Gobierno no le ha hecho caso.
Qué valores y cómo enseñarlos
El Ministerio de Educación produjo un documento, "Una educación de calidad para todos y entre todos", que orientaría la redacción del proyecto de ley. En él se incluye un apartado llamado "Qué valores y cómo educar en ellos", en la que se critica "la aparición de un ciudadano más individualista, que tiende a basar sus valores y comportamientos en elecciones personales y a depender menos de la tradición y del control social ejercido por aquellas instituciones que tradicionalmente eran las depositarias y las intérpretes de los códigos de conducta: familia, iglesias, grupos sociales, partidos políticos, etc"... " Un individualismo, en fin, que incita al individuo a desarrollarse de espaldas a su contexto cultural e histórico de manera atomizada". Esta crítica recuerda las palabras de John Dewey, quizás el pedagogo progresista más influyente de la historia: "la gente independiente y que actúa por sí misma son un anacronismo para la sociedad colectivista del futuro".
El documento asienta que "la sociedad democrática no puede eludir la tarea de socializar a los niños y jóvenes, proporcionándoles a través del sistema educativo las enseñanzas y la reflexión necesarias para que puedan convertirse en personas libres y honestas y en ciudadanos activos". Más adelante dice que hay que "proporcionar a los alumnos un conocimiento suficiente acerca de los fundamentos y los modos de organización del Estado democrático", lo que "requiere ayudarles a desarrollar actitudes favorables a dichos valores y a ser críticos con aquellas situaciones en que se nota su ausencia". La cuestión es que será el Ministerio quien elija cuáles son los "valores democráticos" y hacia cuáles hay que predisponer a los alumnos en contra.
Inculcar ideología desde la infancia
La agrupación Hazte Oír ha elaborado un informe sobre la asignatura Educación para la ciudadanía, que recoge un documento del Ministerio que da instrucciones sobre la asignatura. El documento, de cuatro páginas, se llama "La Educación para la ciudadanía y los derechos humanos: El desarrollo de la LOE". El texto habla de que el objetivo de la asignatura es "un desarrollo de personas con autoestima, dignidad, libertad y responsabilidad", siempre "desde la perspectiva de que relacionarse con los demás implica la aceptación de las diferencias, tolerancia, respeto, y aprecio a los valores, las creencias, las culturas y la historia de los otros".
El documento afirma que "ya desde la educación infantil debe desarrollar en los niños y niñas sus capacidades afectivas y de relación con los demás". El documento expresa el deseo del Ministerio de que los alumnos que hayan terminado primaria terminen con "una actitud contraria a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas". En la secundaria les "preparan" para "el ejercicio de la ciudadanía democrática" y en el bachillerato se les inculca "una conciencia cívica responsable" que fomente "la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa".
El propio documento hace un repaso de la programación ideológica de los alumnos, que va desde la niñez, cuando se atiende a "las relaciones interpersonales" hasta el bachillerato. En todo el período se les irá "introduciendo progresivamente el análisis y la reflexión teórica sobre los fundamentos y la organización del Estado democrático". La pregunta es ¿qué análisis? ¿Qué reflexión teórica? ¿Qué ocurre cuando el análisis impuesto desde el Ministerio choca con los valores íntimos de los padres?
Los colegios ya no serán centros donde los alumnos adquieran conocimientos, sino que "deberán aspirar a convertirse en espacios de participación y debate, en los que actúen alumnos, profesores y padres". Esos debates estarán conducidos por los profesores, que, aclara el documento, deberán "fomentar entre los alumnos los valores de la ciudadanía democrática". Para que no se escape ningún profesor díscolo, el documento del Ministerio entiende que "sería imprescindible que la formación del profesorado recogiera este planteamiento sobre la ciudadanía, y cómo enseñarla". Por último, llama a la participación de "agentes sociales, ONGs y otras asociaciones interesadas en promover la educación para la ciudadanía".
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