(Libertad Digital) Es la denuncia que hace la asociación Profesionales por la Ética: en las próximas semanas las familias de Cataluña han de cumplimentar la preinscripción de sus hijos en los centros públicos y concertados de su comunidad, y en ese trámite no tendrán la posibilidad de elegir, con un sistema de dos casillas, el idioma en el que desean que se escolarice a los niños.
Tal y como señala Ramón Novella, presidente de Profesionales por la Ética de Cataluña, "la cuestión es grave", especialmente desde que existe una sentencia del Tribunal Supremo, de diciembre de 2008, "que obliga a la Generalitat a incluir un apartado en el que los padres puedan elegir si sus hijos han de ser escolarizados en catalán o en castellano".
Señala Profesionales por la Ética el llamativo contraste entre esta actitud tan poco diligente de la ministra de Educación en este caso y la inaudita rapidez con la que insistió en que las sentencias del Supremo sobre EpC debían ser acatadas de inmediato, incluso por objetores que ni siquieran eran parte en esos procedimientos.
En este punto, hay que recordar que el interés de la ministra por estas sentencias era tan importante y urgente que, tal y como ha reconocido el ministerio, grabó el vídeo en el que se felicitaba por ellas antes de que se hicieran públicas.
Así, Ramón Novella señala la gravedad de la actuación de la Generalidad, pero apunta que "aún más grave" es la actitud de Mercedes Cabrera, "que mira para otro lado cuando es el gobierno catalán quien incumple una sentencia del Supremo y amenaza con imponer la fuerza de la ley a los objetores a Educación para la Ciudadanía".