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Dos menores de un colegio de Tarragona agreden y vejan a un compañero de 14 años

La Guardia Urbana de Tarragona ha instruido diligencias judiciales contra dos alumnos menores de un colegio de Tarragona, que presuntamente agredieron y vejaron a un compañero de 14 años del mismo centro educativo. Esto después de los grupos parlamentarios no consiguieran consensuar una moción que incluyera un conjunto de medidas para combatir el acoso escolar y tratar de erradicarlo. El pleno del Congreso rechazó una moción en este sentido del Grupo Popular, que a su vez no admitió una enmienda transaccional del PSOE que mantenía que la respuesta legal a este problema está "suficientemente regulada".

L D (EFE) La víctima, un menor de 14 años, sufrió presuntamente agresiones por parte de dos menores, otro de 14 y uno de 17 años, alumnos de la misma escuela, han añadido fuentes del Ayuntamiento, que acusan a los presuntos agresores de los delitos de coacciones y vejaciones.

La Policía Local de Tarragona ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores y del juez de guardia, y el ayuntamiento no ha informado sobre las circunstancias en que se han producido los hechos.

Rechazo de la moción del PP

El PP planteaba en su moción rechazada, entre otras medidas, que se impulsara el derecho de los padres a ausentarse del trabajo si son requeridos por el colegio, que se ponga en valor la importancia del esfuerzo a la hora de pasar de un curso a otro, o que se dé estatus de "autoridad" a los directores y profesores.

La iniciativa popular apostaba además por potenciar la formación de los docentes y estudiantes universitarios sobre asuntos como la resolución de conflictos y la detección de casos de violencia, por impulsar planes individualizados de convivencia en cada centro, y por promover campañas de sensibilización en los medios de comunicación.

Ya está regulado

Por su parte, el PSOE propuso una enmienda transaccional que según fuentes socialistas contaba con el respaldo del resto de grupos parlamentarios, que mantenía que la respuesta legal a este problema está "suficientemente regulada".

La alternativa socialista, que fue rechazada por el PP y no llegó por lo tanto a votarse, sugería también que se flexibilizara la situación laboral de los padres para que puedan dedicarse a funciones educativas, y que se incluyera en la formación de los titulados que se dediquen a la docencia aspectos relacionados con la convivencia escolar.

Subrayaba además la necesidad de potenciar, en los contenidos de la Educación para la Ciudadanía, los temas relacionados con el respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica, y apostaba por acordar en la Conferencia Sectorial de Educación las funciones del futuro Observatorio sobre la Convivencia.

La diputada popular Carmen Quintanilla se mostró "decepcionada" por la actitud de los socialistas y porque optaran, no por negociar y tratar de consensuar el texto de su moción, sino por presentar un texto alternativo "completamente descafeinado". Quintanilla aseguró que la iniciativa del PP era "comprometida" y a su juicio eficaz para combatir la violencia y la indisciplina en las aulas, y rechazó que pretendiera "judicializar" la convivencia escolar.

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