Discrepancias en el Gobierno sobre si debe opinar de la puesta en libertad del imán
María Teresa Fernández de la Vega ha dicho que la puesta en libertad del imán de Fuengirola no ayuda a la lucha contra la violencia doméstica y ha subrayado que aunque respeta el fallo "las decisiones judiciales pueden estar sujetas a la crítica pública". Sin embargo, Justicia considera que desde el punto vista del Ejecutivo "no es correcto enjuiciar las decisiones de órganos judiciales que adoptan con toda independencia y a la vista de los datos concretos que ellos tienen".
L D (Agencias) María Teresa Fernández de la Vega ha dicho en Antena 3, en unas declaraciones recogidas por Europa Press, que respeta la decisión tomada pero que cree que se trata de "mal ejemplo" y un "absoluto disparate" ya que "no es una buena contribución a esta lucha que ha asumido el conjunto de la sociedad española". Agregó que "no me parece una decisión que contribuya a reforzar la línea adoptada por la sociedad española de tolerancia cero frente a todo lo que signifique abrir alguna vía de apoyo a la violencia de género".
La vicepresidenta primera del Gobierno dijo que la decisión de la Audiencia de Barcelona no le parece "el mejor ejemplo" ya que "no es una buena contribución a esta lucha que ha asumido el conjunto de la sociedad española". Además, reforzó sus críticas advirtiendo de que el abogado del imán de Fuengirola ha planteado que "ni siquiera estaba de acuerdo en la alternativa que le había planteado la Audiencia de Barcelona estudiar la Constitución".
Críticas al enjuiciamiento de la decisión desde Justicia
Por otro lado, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, afirmó que la decisión es "puramente judicial", al tiempo que defendió el actual sistema penal contra actos que inciten a la violencia contra las mujeres. Además, López Aguilar, en declaraciones en los pasillos del Congreso, señaló que el Gobierno "no debe pronunciarse" sobre el fallo. Explicó que "me parece muy bien que se pueda condenar en este país a cualquiera que creyéndose que tiene libertad para opinar, se permita nada menos que instigar a la violencia contra las mujeres, y que haya existido una pena privativa de libertad y una condena. A partir de ahí, la resolución de excarcelación es puramente judicial y no corresponde al Gobierno pronunciarse sobre eso".
Según él, el caso del imán "ha sido un ejemplo de una reacción contundente de los poderes públicos" con el fin de "incriminar" una conducta que "en muchos otros países se considera que es una libertad de opinar" y en España es "inaceptable". López Aguilar opinó que decisiones como la decretada por la Audiencia de Barcelona no deberían de suscitar alarma social, puesto que "hay un Código Penal capaz de perseguir este tipo de conductas".
Asimismo, el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, afirmó que desde el punto vista del poder ejecutivo "no es correcto enjuiciar las decisiones de órganos judiciales que adoptan con toda independencia y a la vista de los datos concretos que ellos tienen". Además, dijo que no sabía "si es mejor o peor" para la reinserción de las personas las medidas aflictivas, como son las penas, o las medidas de instrucción, como estos cursillos, pero opinó que un curso sobre la Constitución y los derechos de la persona nunca sobra. "Así que no voy a quejarme porque se le hayan impuesto a esta persona unos cursos de este tipo. Ahora, si esto es mejor o peor, eso lo ha decidido el Tribunal y ahí no tengo nada que decir".
Acebes dice que "no es un buen ejemplo"
El secretario general del PP, Angel Acebes, aseguró que la puesta en libertad del imán de Fuengirola "no es un buen ejemplo", y reclamó "un castigo penal" mucho más contundente en este caso. En una rueda de prensa en el Congreso, Acebes mostró su "máximo respeto" por los jueces que toman estas decisiones, pero subrayó que la excarcelación del imán "no es una buena noticia" y no obedece a una decisión "correcta ni acertada".
Acebes destacó que el imán de Fuengirola ha sido condenado por hacer "proselitismo de algo que ofende tanto como los malos tratos a las mujeres" y por "hacerlo como publicidad". Por ello, insistió en que la sustitución de la pena por un "mero cursillo, no da un buen ejemplo". "El cumplimiento de las sanciones penales tiene que ser proporcional a la gravedad de la acción", reclamó, tras resaltar que el "reproche moral y social" que ha provocado este caso debe ir acorde con unas "consecuencias penales mucho más contundentes".
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