(Libertad Digital) Según informa este viernes el Norte de Castilla, Rosa López no quiso dar su opinión sobre lo que ha generado el proyecto de ley que llevará a cabo la devolución de los documentos a diversas entidades en España. Lo único que quiso decir, según recoge el mencionado diario, fue que "todo esto ya me ha costado demasiado".
Se trata de una nueva fisura entre los miembros de dicha comisión. La primera de ellas fue la renuncia a ocupar la subdirección general de Archivos Estatales de Antonio González Quintana, ex director del Archivo General de la Guerra Civil, cuando todo estaba listo para que su nombramiento fuera hecho oficial en el mismo BOE. Según el Norte de Castilla, González Quintana tomó esta decisión cuando el presidente del Gobierno, respondiendo una pregunta del PNV, dejó abierta la puerta para que otros documentos sean trasladados a diferentes ciudades.
Castilla y León presenta alegaciones
Por su parte, las Cortes de Castilla y León han presentado alegaciones a los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno Central contra dos leyes de este Parlamento autonómico para proteger el Archivo de Salamanca, y solicitan que se levante la suspensión de las mismas. Las alegaciones del Parlamento regional, de quien emanaron ambas leyes propuestas por el grupo parlamentario del PP, que las secundó y sobre las que el PSOE se abstuvo, se presentaron el pasado martes en el Tribunal Constitucional contra los recursos interpuestos por el Gobierno central el pasado 25 de abril.
El Constitucional también acordó la suspensión provisional de las dos leyes castellanoleonesas por un plazo de cinco meses, lo que las Cortes de Castilla y León solicita que se levante, en una de sus alegaciones, siguiendo lo que el Tribunal aplicó en un caso similar que afecta a la Generalidad de Cataluña respecto al Archivo de la Corona de Aragón. En diciembre, las Cortes aprobaron dos normas por las que se incluía a todos los archivos históricos estatales con sede en la Comunidad dentro de la red autonómica de archivos y se declaraba Bien de Interés Cultural las colecciones que los forman, entre ellas la del Archivo Nacional de la Guerra Civil, con sede en Salamanca. El 18 de marzo pasado, el Consejo de Ministros acordó recurrir esas dos normas ante el Tribunal Constitucional por entender que invaden competencias reservadas al Estado al afectar a archivos de titularidad estatal.
Sin dudar de que el Archivo General de la Guerra Civil forme parte del Patrimonio Español, las Cortes sostienen que "no es posible ignorar" su "especial significado" en "la historia de Castilla y León", así como el de la Real Cancillería y el de Simancas, ambos en Valladolid, afectados también por la norma regional. En esta línea, argumenta el Legislativo regional en sus alegaciones que "no se ha producido menoscabo o alteración alguna de la titularidad y gestión por el Estado de los archivos de su titularidad radicados en la Comunidad".