L D (Europa Press) Díaz de Mera quiere poner de manifiesto con esta batería de preguntas que es "inútil" hacer discursos en el sentido de que el Frontex puede ser la "solución para la inmigración ilegal en Canarias". En este sentido, apuntó que en el fondo del problema está el "gran altavoz africano que activaron Zapatero y Caldera con la regularización masiva". "Para hacer esta regularización no contaron con la UE y fueron criticados por ello y ahora pretenden que sea la UE a este problema", exclamó.
Admitió que uno de los problemas más graves de la UE es la inmigración ilegal, pero recordó que "la UE tiene que mirar a todos los puntos cardinales y además, estas políticas son competencia de todos los estados miembros". Por ello, cree que "derivar las responsabilidades en la UE sin haber contado con la UE para la regularización, es poco recomendable".
Por ello, explicó que ha registrado once preguntas al Consejo y a la Comisión, con el fin de que "quede claro qué es Frontex y sus capacidades". Así, explicó que Frontex "no puede ser una solución para nada porque es un bebe recién nacido" y apuntó que "tiene una plantilla de 60 personas, residenciados en Varsovia".
En líneas generales, señaló, Frontex hace análisis estratégicos, estudia desplazamientos de población y puede organizar vuelos de repatriación conjunta, pero "es inimaginable que Frontex pueda tener capacidades operativas y mucho menos de interoperabilidad". "No se puede mantener vigilado un espacio de un millón de kilómetros cuadrados de agua con permanencia en el tiempo", apostilló.
De Mera recordó que le había dicho a la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, el pasado 13 de junio en Estrasburgo, en presencia de toda la Comisión de Libertades Públicas, que "había que incidir más con el Consejo y menos con la Comisión". "Quiero creer que la pretensión de ir a Finlandia tendrá que ver con la pretensión de influir más en el Consejo, pero España no tiene ninguna influencia en el Consejo", precisó.
Acuerdo de repatriación con Senegal
También recordó que le había dicho que la diplomacia tenía que ser "preventiva y no reactiva". "Conviene recordar -prosiguió- que el último acuerdo de repatriación con Senegal duró un día porque el 31 de mayo Zapatero anunció a bombo y platillo en el Congreso que iba a devolver 600 senegaleses y el presidente de Senegal dijo que no podía creer lo que estaba oyendo, que no se guardara discreción, se hiciera público esta decisión y le estuviera produciendo muchos inconvenientes".
En opinión del eurodiputado popular, el problema mayor es que el "efecto llamada" está siendo "continuamente reiterado" porque, dijo, "las autoridades del Estado en materia de inmigración dicen algo con lo que estamos todos de acuerdo, que lo importante es salvar vidas, pero lo que se está interpretando en África es que arriesguen sus vidas que aquí nos encargamos de salvarlas".
"Pero esto no es cierto porque van entre 2.000 y 3.000 muertos y además, el GPS y el móvil que llevan los mafiosos que organizan los cayucos, en el momento en que salen de las aguas territoriales del país de emisión, se ponen en contacto con Canarias y dicen vengan a salvarnos que estamos en peligro", explicó.
Díaz de Mera considera que si se quiere entender que la inmigración legal es beneficiosa, tenemos que decir que "la capacidad de acogida es limitada y no se puede producir la necesaria integración si no se organizan y ordenan los flujos migratorios".
"No se puede hacer nunca más un proceso de inmigración masiva sin contar con los estados miembros y ya que este gobierno tiene a un ministro de Exteriores en la UE, el señor Solana, para que podamos visualizar una verdadera acción exterior de la UE, sería conveniente que el señor Solana adoptara políticas preventivas en materia de control de flujos migratorios en países emisores y de tránsito, algo que no hemos visto hasta ahora", afirmó y exclamó: "todavía no hemos visto a Solana en funciones de diplomacia preventiva".
Las preguntas que presentó Díaz de Mera ante la Comisión y el Consejo son sobre: las personas que trabajan en Frontex, los informes de este organismo, el por qué se ha retrasado la misión de Frontex, pide que se detalle con precisión en qué va a consistir y cuántos medios van a participar, las naciones que participan y el aporte de cada una de ellas.
Fronteras terrestres
Díaz de Mera termina las preguntas diciendo que de los 18.000 inmigrantes que han llegado a Canarias, "ninguno se queda en Canarias, sino que después de los 40 días reglamentarios sin ser identificadas, son enviadas a la península, sin empleo, ni medios de vida, ni lugar de acogida".
"Le pregunto a la comisión y al Consejo si saben que las fronteras terrestres españolas son muy vulnerables y muy utilizadas por las redes que trafican con seres humanos y que si saben la Comisión y el Consejo que la mayoría de esas 18.000 personas, que proceden de Malí, Senegal, Cabo Verde, Mauritania, hablan francés y si se han preocupado en saber cuál es el destino final de esas personas y qué piensan hacer ante la acreditada incapacidad del Gobierno de España para contener y gestionar esos flujos ilegales".
Díaz de Mera quiere poner de manifiesto con esta batería de preguntas que es "inútil" hacer discursos en el sentido de que el Frontex puede ser la "solución para la inmigración ilegal en Canarias". En este sentido, apuntó que en el fondo del problema está el "gran altavoz africano que activaron Zapatero y Caldera con la regularización masiva". "Para hacer esta regularización no contaron con la UE y fueron criticados por ello y ahora pretenden que sea la UE a este problema", exclamó.
Admitió que uno de los problemas más graves de la UE es la inmigración ilegal, pero recordó que "la UE tiene que mirar a todos los puntos cardinales y además, estas políticas son competencia de todos los estados miembros". Por ello, cree que "derivar las responsabilidades en la UE sin haber contado con la UE para la regularización, es poco recomendable".
Por ello, explicó que ha registrado once preguntas al Consejo y a la Comisión, con el fin de que "quede claro qué es Frontex y sus capacidades". Así, explicó que Frontex "no puede ser una solución para nada porque es un bebe recién nacido" y apuntó que "tiene una plantilla de 60 personas, residenciados en Varsovia".
En líneas generales, señaló, Frontex hace análisis estratégicos, estudia desplazamientos de población y puede organizar vuelos de repatriación conjunta, pero "es inimaginable que Frontex pueda tener capacidades operativas y mucho menos de interoperabilidad". "No se puede mantener vigilado un espacio de un millón de kilómetros cuadrados de agua con permanencia en el tiempo", apostilló.
De Mera recordó que le había dicho a la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, el pasado 13 de junio en Estrasburgo, en presencia de toda la Comisión de Libertades Públicas, que "había que incidir más con el Consejo y menos con la Comisión". "Quiero creer que la pretensión de ir a Finlandia tendrá que ver con la pretensión de influir más en el Consejo, pero España no tiene ninguna influencia en el Consejo", precisó.
Acuerdo de repatriación con Senegal
También recordó que le había dicho que la diplomacia tenía que ser "preventiva y no reactiva". "Conviene recordar -prosiguió- que el último acuerdo de repatriación con Senegal duró un día porque el 31 de mayo Zapatero anunció a bombo y platillo en el Congreso que iba a devolver 600 senegaleses y el presidente de Senegal dijo que no podía creer lo que estaba oyendo, que no se guardara discreción, se hiciera público esta decisión y le estuviera produciendo muchos inconvenientes".
En opinión del eurodiputado popular, el problema mayor es que el "efecto llamada" está siendo "continuamente reiterado" porque, dijo, "las autoridades del Estado en materia de inmigración dicen algo con lo que estamos todos de acuerdo, que lo importante es salvar vidas, pero lo que se está interpretando en África es que arriesguen sus vidas que aquí nos encargamos de salvarlas".
"Pero esto no es cierto porque van entre 2.000 y 3.000 muertos y además, el GPS y el móvil que llevan los mafiosos que organizan los cayucos, en el momento en que salen de las aguas territoriales del país de emisión, se ponen en contacto con Canarias y dicen vengan a salvarnos que estamos en peligro", explicó.
Díaz de Mera considera que si se quiere entender que la inmigración legal es beneficiosa, tenemos que decir que "la capacidad de acogida es limitada y no se puede producir la necesaria integración si no se organizan y ordenan los flujos migratorios".
"No se puede hacer nunca más un proceso de inmigración masiva sin contar con los estados miembros y ya que este gobierno tiene a un ministro de Exteriores en la UE, el señor Solana, para que podamos visualizar una verdadera acción exterior de la UE, sería conveniente que el señor Solana adoptara políticas preventivas en materia de control de flujos migratorios en países emisores y de tránsito, algo que no hemos visto hasta ahora", afirmó y exclamó: "todavía no hemos visto a Solana en funciones de diplomacia preventiva".
Las preguntas que presentó Díaz de Mera ante la Comisión y el Consejo son sobre: las personas que trabajan en Frontex, los informes de este organismo, el por qué se ha retrasado la misión de Frontex, pide que se detalle con precisión en qué va a consistir y cuántos medios van a participar, las naciones que participan y el aporte de cada una de ellas.
Fronteras terrestres
Díaz de Mera termina las preguntas diciendo que de los 18.000 inmigrantes que han llegado a Canarias, "ninguno se queda en Canarias, sino que después de los 40 días reglamentarios sin ser identificadas, son enviadas a la península, sin empleo, ni medios de vida, ni lugar de acogida".
"Le pregunto a la comisión y al Consejo si saben que las fronteras terrestres españolas son muy vulnerables y muy utilizadas por las redes que trafican con seres humanos y que si saben la Comisión y el Consejo que la mayoría de esas 18.000 personas, que proceden de Malí, Senegal, Cabo Verde, Mauritania, hablan francés y si se han preocupado en saber cuál es el destino final de esas personas y qué piensan hacer ante la acreditada incapacidad del Gobierno de España para contener y gestionar esos flujos ilegales".