Detienen al alcalde y al concejal de Urbanismo de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande

L D (EFE) El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra Gil, ambos del PP, han sido detenidos este jueves por la tarde acusados de varios delitos al parecer relacionados con asuntos urbanísticos, informaron a Efe fuentes policiales.

Paralelamente, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local han acordonado el Ayuntamiento y están registrando las dependencias municipales, centrándose en la oficina técnica de Urbanismo, donde están recabando numerosa documentación. Decenas de vecinos permanecen junto al edificio consistorial, al que no se puede acceder, mientras que Martín Serón y Gregorio Guerra fueron trasladados, sobre las 20.00 horas, al juzgado de guardia de Coín (Málaga).

El alcalde permanece detenido en el interior de su casa a la espera de que llegue una orden de registro, confirmaron a Efe compañeros de partido que permanecen en la puerta de la vivienda. Fuentes policiales dijeron a Efe que se prevé que Martín Serón pase la noche en dependencias policiales -previsiblemente en la Comisaría Provincial de Málaga- y que lo más seguro es que preste declaración este viernes, porque aún se están practicando diligencias y registros.

El regidor está acompañado al menos por su abogado, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y el fiscal del caso en el interior de su domicilio, un chalé situado en la urbanización "La Paca", en la calle Encinas de la localidad malagueña. A las puertas del inmueble permanecen compañeros de la corporación como la teniente de alcalde Antonia Ledesma y otros dirigentes del PP como los diputados provinciales Juan José Bernal y Pilar Jurado o la portavoz popular en el Ayuntamiento de Cártama, Leonor García Aguas.

Según informa EFE, la Junta de Andalucía pidió en 2004 al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande que cumpliera la ley en bienes municipales después de que el Gobierno andaluz impugnara ante el Tribunal Superior de Justicia andaluz permutas de suelo municipal. Según informó entonces el organismo autonómico, el Ayuntamiento "nunca aclaró la finalidad exacta de las permutas, como obliga la ley, a pesar de los requerimientos de la Junta", y "sólo se refirió a generalidades basadas en la necesidad de hacerlo para el beneficio del patrimonio municipal".

El Gobierno andaluz aludía a que la legislación vigente "obliga en el caso de permutas de suelo municipal a justificar que existe un fin social o de interés público para hacerlas", ya que de lo contrario "se podría estar utilizando un procedimiento excepcional, como el de la permuta, para vender arbitrariamente suelo público". El alcalde acusó entonces al delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Marcos, de ser un "comisario político" y de actuar de forma arbitraria con las citadas impugnaciones y éste le recordó que los terrenos de titularidad pública de un municipio "forman parte del patrimonio municipal de los ciudadanos, y no del grupo político que en un momento dado gobierne en el municipio".