El instituto armado ha explicado que la organización financiaba la compra de la droga con la recepción y venta de mercancía que robaban a camioneros haciéndose pasar por policías, y que estaba liderada por el empresario español J.M.D.A, con negocios de restauración en Madrid y varias gasolineras en la comunidad de Castilla y León.
La droga era introducida a través del aeropuerto de Madrid-Barajas procedente de República Dominicana en vuelos turísticos desde Punta Cana mediante "correos" humanos. Este método fue utilizado en tres o cuatro ocasiones por semana y se estima que pudieron introducir más de 20 kilogramos de cocaína al mes por este sistema.
También se servían de la colaboración de varios trabajadores de una empresa de mantenimiento del aeropuerto que se encargaban de trasladar la droga hasta el exterior, desde el mismo lugar de desembarque de los pasajeros, por zonas habilitadas tan solo para empleados.
Una vez que aterrizaba el avión, los correos escondían la droga en los lugares previamente acordados, como papeleras, falsos techos, etc, situados antes de los controles policiales. Posteriormente la recogían los trabajadores, que la ocultaban entre sus herramientas de trabajo o pertenencias personales para sacarla del recinto aeroportuario.
Para financiar la compra de la cocaína, la organización se dedicaba a la recepción, ocultación y posterior distribución de mercancía robada, principalmente a camioneros que transportaban productos informáticos y pequeños electrodomésticos, de fácil comercialización, a los que obligaban a detenerse haciéndose pasar por policías.
Una vez que los asaltantes tomaban el control de los camiones, los conductores eran abandonados en zonas deshabitadas y el camión trasladado hasta una nave de la organización para descargar la mercancía. Posteriormente abandonaban el camión en algún punto alejado del lugar donde guardaban la mercancía.
Fruto de las investigaciones han sido detenidas 13 personas de diversas nacionalidades: un español, tres colombianos, seis dominicanos, un italiano, un argelino y un portugués. Se han efectuado cinco registros en domicilios de Madrid y en una nave de un polígono industrial de Móstoles (Madrid), donde se ha recuperado gran cantidad de efectos robados, con un valor superior a los 100.000 euros. Igualmente, los agentes se han incautado de más de 30.000 gramos de cocaína de gran pureza.
Las investigaciones han sido llevadas a cabo por el Grupo de Drogas de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.