Desmienten las mentiras de El País sobre la propaganda de género en Francia

En la mencionada misiva, Francisco Zugasti Agüí expone una extensa explicación que rebate la información firmada por A. Jiménez Barca desde París y publicada en el diario el pasado sábado día 27 de febrero de 2010, con título “Francia sube las penas para la violencia psicológica machista”, y que contenía afirmaciones como las siguientes (el subrayado pertenece al autor de la carta):

 “La Asamblea Nacional francesa aprobó el jueves, por unanimidad, una proposición de ley que prevé la tipificación del delito de "violencia psicológica" en el seno de la pareja. Es decir, a partir de junio, que es cuando la ley entrará en vigor, los hombres que violenten desde el punto de vista psicológico a sus mujeres, que las sometan a comportamientos vejatorios o que las humillen, sufrirán una condena de tres años de prisión y una multa de 75.000 euros.”

Según la carta al director de Francisco Zugasti, la información publicada por el diario de Prisa “insinuaba una supuesta unanimidad entre los grupos parlamentarios de izquierda y derecha (por ese orden) sobre la ley, y sobre el refrendo científico del proyecto por una determinada psiquiatra que al parecer habría inspirado la ley a sus impulsores políticos de distinto signo”.

Señala el autor de la carta al director la deliberada ocultación de datos en el artículo, desmintiendo la supuesta unanimidad de las fuerzas políticas francesas a la hora de aprobar la ley que mencionaba el articulista de Prisa. En realidad, la proposición “reflejaba las propuestas de una comisión parlamentaria de composición plural” presentada por los diputados “Bousquet (socialista) y Geoffroy (gaullista)”. 

En realidad, la mayor parte de las propuestas debatidas en aquella comisión, dice la carta al director, “ni siquiera llegaron a presentarse a la Asamblea para ser tramitadas como proposición de ley”. Se rechazó la creación de un Observatorio de Violencia de Género “porque ya existe un Observatorio General sobre la Delincuencia” dependiente de la Dirección General de la Policía Nacional. Y, además, “se descartó expresamente la formación específica del personal policial y sanitario” porque “nadie se atrevería a plantear, y sería motivo de escándalo nacional, que los poderes legislativo o ejecutivo se atrevieran a sugerir cursos de adoctrinamiento” de la judicatura francesa en materia de violencia doméstica, tal y “como sucede en España”.

Las restantes medidas aprobadas en la comisión se limitaron a tramitar en el ámbito legislativo, debido a que existía otra proposición de ley en examen en el Senado, de iniciativa socialista, que tiene un contenido muy similar. No hubo, pues, unanimidad parlamentaria como la que hubo en España, en la L.O. 1/ 2004.  Las leyes que se tomarían al respecto serían “siempre adoptadas por el juez natural, civil, sin que jamás se haya planteado en Francia la creación de una jurisdicción especial, como existe en España”, dice el autor de la carta, rebatiendo el artículo del diario de Prisa.

Teléfono a las víctimas

Según expone la brillante carta escrita por el señor Zugasti, ya funciona en Francia desde 2006 un teléfono nacional de atención a víctimas que recibe mas de 80.000 llamadas al año, en principio limitadas al denominado “acoso psicológico”, pero sus servicios “se han extendido en los últimos tiempos a lo relacionado con la mutilaciones genitales y los matrimonios forzados. En Francia sí existe conciencia de la correlación entre violencia de género, inmigración y minorías culturales”, justifica la carta al director para desmentir la tendenciosa información del diario.

Además, desglosa datos más detallados sobre la situación en Francia. Pese a que en el 2008 se cometieron 157 homicidios en el ámbito conyugal, en Francia la cifra está ya estabilizada desde el año 2002. Y de nuevo, a diferencia del caso español, las estadísticas en Francia sí “contemplan conjuntamente todos los casos, incluidos aquellos en que los hombres son víctimas”.

Francisco Zugasti asegura que la noticia de El País “induce a pensar que el delito que se plantea la asamblea francesa sólo puede ser cometido por hombres contra mujeres. Quizá la opinión publica española o los lectores de ciertos medios de comunicación han perdido en los últimos años toda sensibilidad política y capacidad crítica y de escándalo, pero se debe ser prudentes con lo que se dice de los demás. Nunca se ha planteado en la Francia republicana la tipificación de delitos específicos de hombres, ni en absoluto imponer mayores penas a los hombres que a las mujeres por el mismo delito, como lo hace la L.O. 1/2004 española. 

Continúa dando pruebas de ello: “La agravante por razón del vínculo afectivo entre el agresor y la victima está regulada en el Código Penal francés en los siguientes términos no sexistas, como los adoptados por el Gobierno

Artículo 132-80 : “En los casos previstos por la ley, las penas en que se incurre por un crimen o delito se agravan cuando la infracción se comete por el cónyuge, el concubino o la pareja vinculado a la victima por un pacto civil de solidaridad. La circunstancia agravante prevista en el primer párrafo también concurre legalmente cuando los hechos se cometen por el ex cónyuge, el ex concubino o la ex pareja vinculada por un pacto civil de solidaridad. o (…) por razón de las relación que hubieran existido entre el autor de los hechos y la víctima.

La noticia de El País, en definitiva, incurre en “manipulación informativa”.  Menciona, por eso, un artículo firmado por Anne Chemin en Le Monde del mismo día 25 de febrero bajo el titulo “Debate sobre la violencia psicológica en el seno de la pareja”, que el redactor de Prisa ha podido tomar muy seguramente como base. Pero, tal y como expone la carta al director no publicada, de él “ha censurado dos datos totalmente relevantes”.

Es la “posición institucional de la judicatura francesa la que se ha pronunciado en contra del nuevo tipo penal”, y no solamente “algunos juristas”, tal y como dice el diario de Prisa. El articulista de El País oculta  que en artículo original también se reseñaban las manifestaciones de Christophe Vivet, portavoz de la Union Sindical de Magistrados, asociación profesional de jueces de referencia, que considera la ley presentada “para la galería y mediática” y dice que “existe un verdadero riesgo de arbitrariedad en este texto que va a autorizar a la justicia a inmiscuirse en la vida privada de las parejas”.

También se oculta que Le Monde, que tiene capital “participado por el Grupo Prisa” ,tal y como señala la informada carta, se "ha posicionado editorialmente sin ambages en contra de la reforma legal francesa, tanto desde el punto de vista político como jurídico”, apostando, según el propio diario francés, por que no se cree este nuevo delito porque ya “se legisla demasiado en Francia”.

La contundente carta al director concluye así que la actitud de El País sólo puede ser un intento de “contrainformación en relación a otra noticia sobre la materia de la que dicho medio no se ha hecho tan explícito eco. El gobierno de España planteó como medida estrella de su presidencia de la Unión Europea en el primer semestre de 2010 la articulación jurídica de la orden europea de protección, en beneficio de las mujeres victimas de violencia de género”. Una propuesta que “ha sido rechazada en la reunión de ministros de Justicia celebrada en Bruselas el día 26 de febrero pasado, con la participación del Sr. Caamaño”. Las reticencias a la hora de rechazar dicha propuesta se centraron en que “el sistema español gira en torno a la criminalización de las relaciones de pareja y al sistema judicial penal, mientras que en los restantes países europeos sin excepción los mecanismos de protección se disponen por jueces civiles o por autoridades administrativas”.

“Por tanto, la legislación española de violencia de género, en contra de la propaganda oficial, no es modelo de nada ni para nadie. La noticia de El País insinuando que la legislación francesa se pretende aproximar a los “progresos” de la española nada menos que en derecho penal no responde a la realidad”.