Desconcierto y caos en el Gobierno y el PSOE por el desbordamiento de la inmigración tras la regularización

(Libertad Digital)El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, afirmó hoy que el mercado de trabajo español "seguirá necesitando durante mucho tiempo el concurso de la población inmigrante". Gómez reaccionó así tras las declaraciones del secretario de Organización del Partido Socialista, José Blanco, en las que manifestaba que el mercado laboral no puede absorber más "sin papeles", por lo que la inmensa mayoría de estas personas "tendrán que ser expulsadas". Tras la toma de posesión de Marcos Peña como presidente del Consejo Económico y Social, Gómez aseguró que el mercado de trabajo "debe estar cerrado ahora, ayer y mañana para el empleo irregular".

Asimismo, añadió que Blanco se refería a que el mercado laboral "no puede tener más presencia de empleo irregular, un mercado que necesita que todos los trabajadores estén legalmente, con derechos y con cotizaciones". En este sentido, defendió la existencia de "un mercado de trabajo en el que los frutos de ese valor aportado por los trabajadores inmigrantes, sean percibidos también por el conjunto de la sociedad en forma de aportaciones y de cotizaciones a la Seguridad Social". Además, reconoció que ni España ni las economías europeas pueden prescindir hoy del trabajador inmigrante y añadió que "el que ya está trabajando, es el que en el futuro puede encontrar dignamente una integración laboral en esas economías".

El presidente de la CEOE, José María Cuevas, afirmó por su parte que no se puede dar por cerrado el mercado de trabajo y dijo que las afirmaciones de Blanco "pueden ser un mensaje político que interese, que sea de conveniencia". Para Cuevas, ningún mercado de trabajo se puede dar por cerrado en el orden económico o empresarial, si bien admitió que cada vez será más difícil encajar nuevas ofertas de trabajo en el mercado, ya que en su opinión "parece que es evidente que la evolución del empleo va a ser más moderada en los próximos tiempos".

En este sentido, incidió en que en el futuro habrá problemas para absorber la inmigración y que "cada vez será más difícil, si se sigue produciendo una oferta tan desequilibrada como la actual".

Mientras, la reunión del Gobierno con los responsables autonómicos para analizar el traslado de inmigrantes irregulares de Canarias a la Península concluyó este lunes con un compromiso "mayoritario" de los Gobiernos autonómicos para incrementar las plazas de acogida, pero sin concretar cifras.

A partir de ahora, cada Ejecutivo autonómico informará al Gobierno central de forma bilateral de cuántas plazas más va a poner en la red, según explicó tras concluir el encuentro la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, quien presidió la reunión junto al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.