En junio de 1991, la dirección provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en un extenso informe, gracias al cual fue sancionado Julián Martínez García, delegado de la Junta de Andalucía en Madrid y pareja de la ex ministra Aído, que había contratado a cinco buzos profesionales para efectuar una prospección arqueológica submarina. El problema es que ni los contrató oficialmente ni pagó la Seguridad Social, lo que le costó el pago de las cuotas no abonadas y una sanción. Pero ahora, cuando se investiga si en efecto cumplió su sanción y pagó o no pagó, el expediente ha desaparecido. Se cuenta en Noticias de Almería.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería reconocía por escrito el 26 de junio de 2009 que no le constaba la existencia de un expediente sancionador contra Julián Martínez García, almeriense y actual delegado del Gobierno andaluz en Madrid, además de pareja sentimental de la ex ministra Bibiana Aído.
Martínez, entre agosto y octubre de 1989, contrató a cinco buzos profesionales para llevar a cabo una prospección arqueológica en la zona de Los Escullos tras encontrar José Santos Urquiza una galeota hundida a 23 metros de profundidad. Recibió el encargo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en incluso dos subvenciones para llevarlo a efecto.
El 13 de junio de 1991, la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social había emitido un extenso informe en el que se destacaba que el actual delegado de la Junta en Madrid no les hizo contrato a los buceadores y les pagó "gratificaciones" por su trabajo y tampoco hizo frente a las cuotas a la Seguridad Social. En el último párrafo puede leerse textualmente "realizaron un trabajo (buceo) por cuenta ajena a cambio de una retribución y bajo la dependencia directa y dentro del ámbito organizativo del Sr. Martínez, que, de esta forma se convertía en empresa respecto a aquellos, al darse en esta relación todas y cada una de las notas que caracterizan la relación laboral. No obstante ello, el empresario no cursó las altas en seguridad de los trabajadores a su cargo, motivo por el cual se practica acta de liquidación de cuotas por los periodos que a continuación se indican".
Ahora, el secretario general de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Gabriel Morales García, indica que "consultados nuestros archivos y con la información facilitada por usted, no nos consta el expediente mencionado".
Precisamente este escrito es la respuesta a Urquiza, y el descubridor del pecio hundido, quien tuvo que recurrir hasta el Defensor del Pueblo para que se aceptara su denuncia contra Urquiza por no contratar con papeles a los buceadores, y resistirse la Inspección de Trabajo en Almería a admitir la denuncia.
Cuando años después se interesa por saber si se han cumplido la sanción, esa misma Inspección reconoce no tener el expediente.
Vea el documento de la "desaparición":
