L.D (EFE) Estos especialistas españoles, cuya formación es de sólo dos años, no deberían trabajar en Portugal, donde por el mismo título se exigen cuatro años de formación, según Almerindo Rego, quien también informa de que son explotados en clínicas privadas lusas por no poder trabajar en centros públicos. Rego se queja de que una formación menor de los técnicos perjudica los servicios prestados en sanidad, y señala que no tienen ningún problema con que sean españoles, ya que de hecho mantienen buena relación con el sector sanitario de España.
La respuesta de la consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, Yolanda Lesmes, no se ha hecho esperar. En un seminario celebrado en la ciudad portuguesa de Graba, Lesmes ha replicado que “los profesionales españoles cumplen todos los requisitos porque cumplen la normativa europea para acceder a los puestos de trabajo”. Lo cierto es que España es el único país de la unión donde estos estudios duran dos años, ya que en los demás se exigen de tres a cuatro.
Según Rego, el Ministerio de Sanidad luso convalida la formación de un profesional español de dos años, algo permitido en España pero no en Portugal, donde se exigen cuatro. Por esto y por otras irregularidades, el sindicato portugués ha puesto una querella ante la Fiscalía General de la República tachando de “liviana” la forma en que el ministerio firma las convalidaciones de los técnicos españoles.
La respuesta de la consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, Yolanda Lesmes, no se ha hecho esperar. En un seminario celebrado en la ciudad portuguesa de Graba, Lesmes ha replicado que “los profesionales españoles cumplen todos los requisitos porque cumplen la normativa europea para acceder a los puestos de trabajo”. Lo cierto es que España es el único país de la unión donde estos estudios duran dos años, ya que en los demás se exigen de tres a cuatro.
Según Rego, el Ministerio de Sanidad luso convalida la formación de un profesional español de dos años, algo permitido en España pero no en Portugal, donde se exigen cuatro. Por esto y por otras irregularidades, el sindicato portugués ha puesto una querella ante la Fiscalía General de la República tachando de “liviana” la forma en que el ministerio firma las convalidaciones de los técnicos españoles.