L D (EFE) Según explicó este jueves Comas, el protocolo establece que las fuerzas policiales podrán evaluar el grado de riesgo de una víctima de violencia doméstica y ofrecer protección individualizada a la agredida antes de producirse una decisión judicial. Una nota posterior del Ministerio del Interior precisaba que la evaluación que harán las fuerzas policiales "del riesgo de las mujeres será meramente provisional", a la que siguió otro comunicado del Consejo General del Poder Judicial aclarando que son los jueces los que determinarán las medidas de protección.
Montserrat Comas también ha tenido que rectificar la fecha en que comenzará a aplicarse dicho protocolo. No se aplicará de inmediato, sino que requiere de un tiempo prudencial "no superior a los 30 días", ha dicho este viernes. En una nota de "aclaración" enviada a los medios por Montserrat Comas, se señala que ese tiempo es necesario para que las instituciones firmantes del protocolo aprobado ayer puedan trasladar a los juzgados competentes, a los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los fiscales los criterios contenidos en el mismo.
Otro de los puntos de los que consta la nota de la también vocal del Consejo General del Poder Judicial, explica que los jueces de instrucción intervienen -en cuanto a la valoración de riesgo de la víctima- una vez presentado el atestado policial, y entonces deciden si se admite o no la solicitud de orden de protección o la medida cautelar de alejamiento, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Para el control policial del cumplimiento de la orden de protección o de la medida cautelar de alejamiento, "el órgano judicial también remitirá a las fuerzas y cuerpos de seguridad copia de los informes del proceso penal que se refieran a circunstancias personales, psicológicas, sociales o de otro tipo de situación tanto del imputado como de su núcleo familiar, además de la resolución judicial". Esto último se hará para facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad el examen individualizado y la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima a fin de poder adoptar las medidas policiales adoptadas, se añade en el comunicado.
Montserrat Comas también ha tenido que rectificar la fecha en que comenzará a aplicarse dicho protocolo. No se aplicará de inmediato, sino que requiere de un tiempo prudencial "no superior a los 30 días", ha dicho este viernes. En una nota de "aclaración" enviada a los medios por Montserrat Comas, se señala que ese tiempo es necesario para que las instituciones firmantes del protocolo aprobado ayer puedan trasladar a los juzgados competentes, a los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los fiscales los criterios contenidos en el mismo.
Otro de los puntos de los que consta la nota de la también vocal del Consejo General del Poder Judicial, explica que los jueces de instrucción intervienen -en cuanto a la valoración de riesgo de la víctima- una vez presentado el atestado policial, y entonces deciden si se admite o no la solicitud de orden de protección o la medida cautelar de alejamiento, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Para el control policial del cumplimiento de la orden de protección o de la medida cautelar de alejamiento, "el órgano judicial también remitirá a las fuerzas y cuerpos de seguridad copia de los informes del proceso penal que se refieran a circunstancias personales, psicológicas, sociales o de otro tipo de situación tanto del imputado como de su núcleo familiar, además de la resolución judicial". Esto último se hará para facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad el examen individualizado y la situación de riesgo en la que se encuentra la víctima a fin de poder adoptar las medidas policiales adoptadas, se añade en el comunicado.