De la Vega utiliza la Abogacía del Estado para amedrentar a dos periodistas

(Libertad Digital) Según informa el Grupo Intereconomía en un comunicado,  el director general de Publicaciones de este grupo, Carlos Dávila, y la subdirectora del semanario Época, Maite Alfageme, han declarado este miércoles ante la Fiscalía del tribunal Superior de Justicia de Madrid, a raíz de la denuncia presentada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras la publicación en Época del reportaje titulado “El voto fraudulento de la vicepresidenta”.

Tanto Dávila como Alfageme insistieron ante la fiscal instructora en que, antes de la publicación del citado reportaje, "la revista Época estudió, cotejó y rastreó la legislación electoral; acudió a las normas vigentes –y explícitamente publicitadas a los ciudadanos con derecho a voto en las Elecciones Generales del 9 de marzo de 2008– en la página oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE), del que depende la Oficina del Censo Electoral; y solicitó el asesoramiento de diversos expertos en la materia". El director y la subdirectora de este semanario aportaron los datos y las pruebas documentales en las que se sustenta la veracidad de lo publicado.

Como recuerda el comunicado de Intereconomía, María Teresa Fernández de la Vega se empadronó fuera de plazo en la localidad valenciana de Beneixida, a pesar de lo cual pudo ejercer allí su derecho al voto en las elecciones generales de 2008 gracias a una Resolución interpretativa –de 31 de enero de 2008– nunca publicitada por la Oficina del Censo Electoral hasta que Época denunció los hechos.

La denuncia presentada por la vicepresidenta se basa en un informe elaborado por la Abogacía General del Estado en el que se concluye que “las informaciones presentadas pueden comportar la imputación de delitos y que los mismos serán perseguibles de oficio”. El firmante del escrito es el abogado del Estado Joaquín de Fuentes Bardají, ex secretario general técnico del Ministerio de Justicia en anteriores Gobiernos socialistas.

En su declaración ante el Ministerio Fiscal, Carlos Dávila puso de manifiesto que otros medios de comunicación -como el diario ABC o Libertad Digital- se hicieron eco en su momento de la información desvelada por Época. Bajo el título “Un voto polémico”, el diario del Grupo Vocento publicó un editorial en el que puede leerse textualmente: “la conclusión de la secuencia de hechos es que la Oficina del Censo Electoral (OCE) cambió su propia interpretación de las normas censales sin darle publicidad alguna”.

Además, Dávila quiso hacer constar que, en el uso de su derecho como candidata del PSOE, Fernández de la Vega se presentó a las Elecciones en 1996 por la provincia de Jaén; el año 2000, por la de Segovia; en el 2004, por Madrid, y sólo en el 2008 por Valencia. Es decir, que entre 2004 y 2008, la vicepresidenta tuvo un largo cuatrienio para mostrar su intención de empadronarse en Valencia y, sin embargo, sólo pudo votar allí gracias a una Resolución elaborada in extremis.  Por su parte, Maite Alfageme insistió ante la Fiscal Instructora en que transcurrieron casi 48 horas desde que Época solicitó expresamente y en vano a la Dirección de Comunicación de Vicepresidencia del Gobierno el texto de la Resolución de 31 de enero de 2008 hasta que éste apareció publicado en la página web del INE, una vez que el semanario ya estaba en los quioscos.