L D (EFE) Según anunció este el portavoz del Gobierno andaluz, Enrique Cervera, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo, el recurso se presentará contra ocho artículos de la norma estatal, y concretamente contra materias tan relevantes como la priorización de la educación preescolar.
De igual forma, según Cervera, se recurre la promoción del alumnado en la educación secundaria obligatoria, las condiciones para obtener el título de graduado de secundaria, el establecimiento de los itinerarios de secundaria, y otros aspectos como las normas de flexibilización de niveles para alumnos sobredotados.
La decisión de Castilla-La Mancha fue anunciada en Toledo por el vicepresidente José María Barreda quien explicó que la Ley de Calidad de la Enseñanza además de ser una norma "segregadora", invade las competencias de las CC.AA en aspectos como la definición de enseñanzas mínimas o la organización de tramos y niveles educativos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha también se opone a que el Ejecutivo central deje para el desarrollo reglamentario de la Ley aspectos básicos que deberían haberse recogido en la norma y que afectan a cuestiones como la escolarización, promoción y titulación de los alumnos. Según Barreda, se trata de asuntos "que, por ser básicos, deberían estar en la ley y sin embargo se remiten al Reglamento, dejando en manos del Gobierno cuestiones legislativas" que debería aprobar el Parlamento.
El Gobierno de la Generalitat aprobó este martes presentar también un recurso por los mismos motivos. Entre los aspectos que la Generalitat considera inconstitucionales, figuran los artículos que atribuyen al Gobierno central la potestad de dictar las enseñanzas comunes que deberán ser aplicados por las Comunidades Autónomas.
También se incluyen las disposiciones de la ley que otorgan al Estado la libre iniciativa para regular la educación preescolar (0 a 3 años), y las que le atribuyen la regulación de la formación inicial y permanente del profesorado, cuestión en la que el Gobierno se reserva la posibilidad de desarrollar directamente programas formativos.
Mientras, Asturias interpondrá también un recurso porque esta ley "no responde a los intereses de esta sociedad", según dijo el presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces, que calificó la normativa de "regresiva, antisocial y que no recogre el valor democrático de leyes pasadas".
De igual forma, según Cervera, se recurre la promoción del alumnado en la educación secundaria obligatoria, las condiciones para obtener el título de graduado de secundaria, el establecimiento de los itinerarios de secundaria, y otros aspectos como las normas de flexibilización de niveles para alumnos sobredotados.
La decisión de Castilla-La Mancha fue anunciada en Toledo por el vicepresidente José María Barreda quien explicó que la Ley de Calidad de la Enseñanza además de ser una norma "segregadora", invade las competencias de las CC.AA en aspectos como la definición de enseñanzas mínimas o la organización de tramos y niveles educativos.
El Gobierno de Castilla-La Mancha también se opone a que el Ejecutivo central deje para el desarrollo reglamentario de la Ley aspectos básicos que deberían haberse recogido en la norma y que afectan a cuestiones como la escolarización, promoción y titulación de los alumnos. Según Barreda, se trata de asuntos "que, por ser básicos, deberían estar en la ley y sin embargo se remiten al Reglamento, dejando en manos del Gobierno cuestiones legislativas" que debería aprobar el Parlamento.
El Gobierno de la Generalitat aprobó este martes presentar también un recurso por los mismos motivos. Entre los aspectos que la Generalitat considera inconstitucionales, figuran los artículos que atribuyen al Gobierno central la potestad de dictar las enseñanzas comunes que deberán ser aplicados por las Comunidades Autónomas.
También se incluyen las disposiciones de la ley que otorgan al Estado la libre iniciativa para regular la educación preescolar (0 a 3 años), y las que le atribuyen la regulación de la formación inicial y permanente del profesorado, cuestión en la que el Gobierno se reserva la posibilidad de desarrollar directamente programas formativos.
Mientras, Asturias interpondrá también un recurso porque esta ley "no responde a los intereses de esta sociedad", según dijo el presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces, que calificó la normativa de "regresiva, antisocial y que no recogre el valor democrático de leyes pasadas".