En un artículo publicado en 'El País', este colectivo, encabezado por la catedrática de Historia Pilar Vega, el biólogo Jordi López y la médico y magister en Bioética María José Pereda, solicitó al Ejecutivo que "busque un terreno común" en la futura norma, que "armonice y encauce razonablemente una y otra perspectiva".
En este sentido, señaló que "no se puede descalificar una regulación legal por considerarlo un asesinato", y que esto sería una "visión moralizadora". Pero a la vez, señalan que tampoco puede negarse la pertinencia de un juicio ético, social y jurídico por considerar que se trata de un asunto que "sólo concierne a la mujer".
A su juicio, el núcleo de la propuesta del Ejecutivo es "razonable" porque una norma de plazos "ofrece un marco legal más acorde con la realidad y la legislación europea". Además, consideró que el proyecto es "más restrictivo con los abusos" porque el supuesto psíquico para abortar carece de limitación temporal en la actualidad, y "refuerza" la protección jurídica de la mujer y del profesional.
Para Cristianos Socialistas hay que garantizar una maternidad "querida y responsable", pero que también la protección del feto, por otro. "La formación de la vida humana es un proceso que avanza y hay un estatuto ético del feto que exige una protección por parte del Estado cada vez mayor, lo que se refleja en el régimen sancionador", apostilla.
Y es que el Estado debe tener" deberes éticos y jurídicos para con el feto" que no pueden obviarse. Es algo propio, dicen, de la "tradición socialista proteger al más débil". No obstante, consideran que el Estado también tiene esos deberes "para con la mujer", que no puede reducirse a ser "mero receptáculo del feto". "Es sujeto libre y responsable, cuya libertad y salud deben estar protegidas", aunque tampoco hay que olvidar la "paternidad" y el concepto de "corresponsabilidad".
"Abortar es una cuestión de conciencia", aseguran, aunque el feto es más un "alguien" que un "algo". "Por cuanto se trata de un ser humano en formación, no puede haber un derecho al aborto".
Asimismo, este colectivo señaló la necesidad de desarrollar políticas de investigación y prevención que orienten hacia una "sexualidad responsable", además de políticas educativas, que deben hablar de sexualidad "como placer, pero también como vínculo afectivo".
Por último, indicó que hay que "avanzar" en el desarrollo de una "real" protección social a la maternidad porque, recordó, la cifra de 112.000 abortos en 2007 "es un elocuente signo de fracaso colectivo".