José Manuel Carrión , abogado de Francisco Javier Delgado, imputado por la desaparición y el presunto asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo Casanueva, ha solicitado la recusación del magistrado Juan Antonio Calle Peña , encargado de tramitar el procedimiento en tanto en cuanto la Audiencia Provincial resuelve la recusación de la magistrada María Dolores Sánchez, encargada inicialmente de dirigir el juicio con jurado.
Ya el pasado 26 de abril, el mismo abogado había presentado un escrito en el que recusaba a la magistrada Dolores Sánchez García , perteneciente a la Sección Primera de la Audiencia Provincial y designada para presidir el jurado popular encargado de enjuiciar a los cuatro imputados mayores de edad, así como al resto de miembros de la Sección.
Ahora, según Europa Press , Carrión argumenta que Juan Antonio Calle Peña, perteneciente también a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, "ha decidido y resuelto previamente recursos, en los cuales ha manifestado un prejuicio que determina que, en el conocimiento del asunto, se haya vinculado a una predeterminación en sus actuaciones ante el desarrollo del procedimiento del jurado".
En este sentido, el letrado hace referencia a una serie de autos "que indican la existencia del perjuicio bastante para entender que dicha predecisión compromete la imparcialidad objetiva" de los cuatro magistrados de la Sección Primera, añadiendo que "algunas de sus afirmaciones no se encuentran sustentadas en hechos contrastados, como ocurre con la manifestación gratuita en la que se determina que Samuel Benítez vio a Francisco Javier en la vivienda de León XIII en la noche de autos", el mismo argumento que expuso para recusar a la magistrada inicialmente encargada del caso.
A su juicio, todo ello "hace que, desde esta representación, no se albergue la esperanza de que las determinaciones en las que tiene que participar Juan Antonio Calle no se encuentren viciadas en la imparcialidad que debe de sustentarse como principio constitucional que determina que todos tengamos el derecho a un proceso con todas las garantías establecidas en la Ley"
"Es evidente que, dado el prejuicio que se ha efectuado con carácter previo al resolver determinados recursos, entraría en colisión con la solvencia de la objetividad que se debe de tener al objeto de cumplimentar las actuaciones ante un supuesto de la gravedad y relevancia social de este asunto", según prosigue el abogado, quien agrega que los magistrados, "como seres humanos que son, no se pueden abstraer de forma absoluta de convicciones personales basadas en la propia condición que les acompaña".
Añade que "no se puede obviar que Juan Antonio Calle ha efectuado juicios sobre el material probatorio acumulado, anticipando, en cierto modo, la decisión definitiva", argumentando por ello que "la imparcialidad objetiva a la hora de redactar los hechos justificables y el veredicto se vería completamente conculcada y, por ende, el derecho a un proceso con todas las garantías establecidas en la Ley".
En esta línea, considera que en un proceso "tan socialmente publicitado, la imparcialidad objetiva de los miembros del órgano colegiado se vería comprometida por la influencia del valor efectuado con carácter previo". Por todo ello, pide la recusación del magistrado y el nombramiento de un nuevo magistrado-presidente no perteneciente a la Sección Primera de la Audiencia Provincial
Recusación anterior de la jueza Dolores Sánchez García
A finales abril, el abogado de Francisco Javier Delgado solicitó la sustitución de esta magistrada y el nombramiento de un nuevo magistrado-presidente, "no perteneciente a la Sección Primera de la Audiencia Provincial", argumentando para ello que Dolores Sánchez "ha decidido y resuelto previamente recursos en los cuales ha manifestado un prejuicio que determina que en su conocimiento del asunto se haya vinculado a una predeterminación en sus actuaciones ante el desarrollo del procedimiento del Jurado". La misma razón que ha aducido contra el magistrado sustituto.
En este sentido, ya señaló que el resto de magistrados de la Sección Primera, como son Joaquín Sánchez Ugena, Juan Antonio Calle Peña y María Auxiliadora Echavarri García, "dado que no han sido designados aún por turno como magistrados-presidentes, si bien son los siguientes en el mismo, tendrían la obligación de abstenerse, proponiéndose subsidiariamente su recusación para el supuesto de que no se produzca esta abstención"
Según el abogado del hermano del asesino confeso, Miguel Carcaño, alguna de las manifestaciones de todos estos magistrados "no se encuentran sustentadas en hechos contrastados", como por ejemplo lo que ocurre "con la manifestación gratuita en la que se determina que el acusado Samuel vio a Francisco Javier en la vivienda de León XIII en la noche de autos", lo que hace que el abogado "no albergue la esperanza de que las predeterminaciones en las cuales tiene que participar Dolores Sánchez no se encuentren viciadas en la imparcialidad que debe de sustentarse como principio constitucional que determina que todos tengamos el derecho a un proceso con todas las garantías establecidas en la Ley".
El abogado del imputado Samuel Benítez, Manuel Caballero, también decidió recusar a la magistrada Dolores Sánchez debido a su participación en recursos previos.
Ya el pasado 26 de abril, el mismo abogado había presentado un escrito en el que recusaba a la magistrada Dolores Sánchez García , perteneciente a la Sección Primera de la Audiencia Provincial y designada para presidir el jurado popular encargado de enjuiciar a los cuatro imputados mayores de edad, así como al resto de miembros de la Sección.
Ahora, según Europa Press , Carrión argumenta que Juan Antonio Calle Peña, perteneciente también a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, "ha decidido y resuelto previamente recursos, en los cuales ha manifestado un prejuicio que determina que, en el conocimiento del asunto, se haya vinculado a una predeterminación en sus actuaciones ante el desarrollo del procedimiento del jurado".
En este sentido, el letrado hace referencia a una serie de autos "que indican la existencia del perjuicio bastante para entender que dicha predecisión compromete la imparcialidad objetiva" de los cuatro magistrados de la Sección Primera, añadiendo que "algunas de sus afirmaciones no se encuentran sustentadas en hechos contrastados, como ocurre con la manifestación gratuita en la que se determina que Samuel Benítez vio a Francisco Javier en la vivienda de León XIII en la noche de autos", el mismo argumento que expuso para recusar a la magistrada inicialmente encargada del caso.
A su juicio, todo ello "hace que, desde esta representación, no se albergue la esperanza de que las determinaciones en las que tiene que participar Juan Antonio Calle no se encuentren viciadas en la imparcialidad que debe de sustentarse como principio constitucional que determina que todos tengamos el derecho a un proceso con todas las garantías establecidas en la Ley"
"Es evidente que, dado el prejuicio que se ha efectuado con carácter previo al resolver determinados recursos, entraría en colisión con la solvencia de la objetividad que se debe de tener al objeto de cumplimentar las actuaciones ante un supuesto de la gravedad y relevancia social de este asunto", según prosigue el abogado, quien agrega que los magistrados, "como seres humanos que son, no se pueden abstraer de forma absoluta de convicciones personales basadas en la propia condición que les acompaña".
Añade que "no se puede obviar que Juan Antonio Calle ha efectuado juicios sobre el material probatorio acumulado, anticipando, en cierto modo, la decisión definitiva", argumentando por ello que "la imparcialidad objetiva a la hora de redactar los hechos justificables y el veredicto se vería completamente conculcada y, por ende, el derecho a un proceso con todas las garantías establecidas en la Ley".
En esta línea, considera que en un proceso "tan socialmente publicitado, la imparcialidad objetiva de los miembros del órgano colegiado se vería comprometida por la influencia del valor efectuado con carácter previo". Por todo ello, pide la recusación del magistrado y el nombramiento de un nuevo magistrado-presidente no perteneciente a la Sección Primera de la Audiencia Provincial
Recusación anterior de la jueza Dolores Sánchez García
A finales abril, el abogado de Francisco Javier Delgado solicitó la sustitución de esta magistrada y el nombramiento de un nuevo magistrado-presidente, "no perteneciente a la Sección Primera de la Audiencia Provincial", argumentando para ello que Dolores Sánchez "ha decidido y resuelto previamente recursos en los cuales ha manifestado un prejuicio que determina que en su conocimiento del asunto se haya vinculado a una predeterminación en sus actuaciones ante el desarrollo del procedimiento del Jurado". La misma razón que ha aducido contra el magistrado sustituto.
En este sentido, ya señaló que el resto de magistrados de la Sección Primera, como son Joaquín Sánchez Ugena, Juan Antonio Calle Peña y María Auxiliadora Echavarri García, "dado que no han sido designados aún por turno como magistrados-presidentes, si bien son los siguientes en el mismo, tendrían la obligación de abstenerse, proponiéndose subsidiariamente su recusación para el supuesto de que no se produzca esta abstención"
Según el abogado del hermano del asesino confeso, Miguel Carcaño, alguna de las manifestaciones de todos estos magistrados "no se encuentran sustentadas en hechos contrastados", como por ejemplo lo que ocurre "con la manifestación gratuita en la que se determina que el acusado Samuel vio a Francisco Javier en la vivienda de León XIII en la noche de autos", lo que hace que el abogado "no albergue la esperanza de que las predeterminaciones en las cuales tiene que participar Dolores Sánchez no se encuentren viciadas en la imparcialidad que debe de sustentarse como principio constitucional que determina que todos tengamos el derecho a un proceso con todas las garantías establecidas en la Ley".
El abogado del imputado Samuel Benítez, Manuel Caballero, también decidió recusar a la magistrada Dolores Sánchez debido a su participación en recursos previos.