(Libertad Digital) La CONCAPA apoya a los padres andaluces que han llevado ante los tribunales la asignatura Educación para la Ciudadanía y espera que muchos otros padres se animen a ejercitar este derecho, teniendo en cuenta que se trata de una asignatura de carácter ideológico implantada sin consenso y por decreto, de forma obligatoria, por el Gobierno.
Esta confederación entiende que "tal y como está definida la asignatura, debería llamarse Educación para la Ciudadanía socialista”, puesto que supone "una descarada soflama de valores partidistas". Para la CONCAPA, "la Educación está siendo secuestrada por el poder político, que pretende expropiar a los padres su fundamental derecho de educar a sus hijos. Ningún régimen, ni siquiera el democrático tiene legitimidad para semejante usurpación".
En defensa de la libertad de conciencia
Ante la actitud del Gobierno la única vía que sigue abierta en este momento es la objeción de conciencia, por lo que CONCAPA y otras organizaciones sociales están realizando estudios jurídicos con el fin de apoyar a las familias ante una eventual denegación de ese derecho.
La CONCAPA cree que "padres, alumnos, profesores y titulares de centros podemos y debemos recurrir a todos los medios legítimos para defender la libertad de conciencia y de enseñanza". Por ello, "quiere que se paralice o suspenda el ejercicio de esta asignatura, de modo que sea de carácter opcional y fruto del consenso con toda la sociedad española, especialmente con los representantes de los padres". Así, promueven "la oposición de todos los ciudadanos españoles ante la misma, sin descartar una eventual manifestación si el gobierno persiste en su cerrazón".
Reconocimiento de la Junta
La consejera de Educación, Cándida Martínez, ha retirado la responsabilidad para resolver las solicitudes de objeción de conciencia a los delegados provinciales de la Consejería y la ha concentrado en el viceconsejero de Educación en “aras de una necesaria uniformidad resolutoria”, según la Orden publicada en el BOJA de 14 de Agosto.
Según Profesionales por la Ética, ante la avalancha de objeciones de padres y el previsible otoño educativo caliente que se espera, la Consejería no sólo ha tenido que reconocer esta realidad que se está produciendo sino que, también, ha reconocido implícitamente el derecho a la objeción de conciencia al modificar la competencia sobre quien tiene que resolver sobre su reconocimiento concreto.
Textualmente, la orden dispone: “Avocar la competencia que corresponde, en virtud del artículo 12 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación en relación con la resolución de las solicitudes de reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia frente a la asignatura de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos” y “Delegar el ejercicio de la competencia avocada en el Viceconsejero de Educación”.
"Deseo de control"
Según el presidente de Profesionales por la Ética en Andalucía, Miguel Gómez de Agüero, es muy importante que la consejera haya hecho este reconocimiento implícito del derecho de objeción y de la necesidad de una resolución de cada uno de los casos a través de la autoridad educativa. Sin embargo, se ha mostrado preocupado por el deseo de centralización y control que puede llevar a una resolución más política y menos respetuosa con la libertad de educación de los padres.
Profesionales por la Ética hizo hincapié en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia del 8 de Enero de 2007, recordaba ya a la Junta de Andalucía que la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución Española.